El Gobierno dominicano expresó este martes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que no reconoce la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta posición se enmarca en la coherencia con el rechazo a la proclama presidencial de Maduro tras las elecciones de 2024, cuando República Dominicana no avaló la legalidad de ese proceso.
"República Dominicana no convalida hechos consumados", afirmó el viceministro de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo, en representación del canciller Roberto Álvarez, durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA convocada para abordar la situación en Venezuela.
Sin embargo, el diplomático dominicano también precisó que tampoco se puede aprobar que se siga poniendo en riesgo la paz social ni la integridad del pueblo venezolano. En ese sentido, identificó dos prioridades inmediatas: la preservación del funcionamiento básico de las instituciones del Estado venezolano y la construcción de una hoja de ruta para una transición democrática.
Caraballo señaló que esa transición debe enmarcarse en los principios del orden internacional, como la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias, consagrados en la Carta de la OEA, el Pacto de Bogotá y la Carta Democrática Interamericana.
Ante la OEA, el viceministro dominicano también advirtió que la coyuntura actual en Venezuela es "especialmente delicada y más peligrosa", por lo que exige de los Estados del hemisferio "un ejercicio de máxima responsabilidad colectiva" para evitar una escalada indeseable, proteger a la población venezolana y resguardar la estabilidad regional.
En ese sentido, Caraballo instó a la OEA a mostrarse unida y acordar una fórmula eficaz de acompañamiento al pueblo venezolano, que permita restablecer la confianza en las instituciones interamericanas.
La posición de República Dominicana se enmarca en su rechazo a la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, al que no reconoció tras las elecciones de 2024. Ahora, el país reitera su negativa a convalidar "hechos consumados" y exige una transición democrática en Venezuela que respete los principios del orden internacional.
