Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que sugirió una posible acción militar contra Colombia, han encendido las alarmas en el país y en la región. Durante un vuelo a bordo del Air Force One, Trump insinuó que una intervención militar "suena bien" para él, luego de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Estas amenazas no solo constituyen un gesto de discordia diplomática, sino también un ataque directo a la soberanía colombiana. Trump no se limitó a sugerir una intervención, sino que también arremetió contra el presidente Gustavo Petro, acusándolo de "fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos". Estas palabras, cargadas de estigmatización y desprecio, no solo degradan el debate político internacional, sino que ponen en riesgo la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.
Las reacciones en Colombia fueron inmediatas y contundentes. Líderes políticos como Juan Manuel Galán y Claudia López rechazaron enérgicamente la idea de que Colombia sea tratada como "una Venezuela más". Recordaron que el país cuenta con instituciones democráticas y soberanía que no pueden ser cuestionadas ni negociadas. Subrayaron que el rumbo del país lo deciden los colombianos en las urnas, no en Washington.
La soberanía nacional no puede ser objeto de amenazas externas ni de discursos que buscan debilitar la institucionalidad. Colombia atraviesa un año electoral decisivo, y cualquier intento de injerencia distorsiona el debate democrático y erosiona la confianza ciudadana en sus propias instituciones. La captura de Maduro, aunque celebrada en distintos sectores, no puede convertirse en excusa para abrir la puerta a escenarios de intervención militar que vulneren la independencia del país.
Las diferencias políticas internas deben resolverse en las urnas, bajo las reglas de la democracia, y no mediante imposiciones externas. La defensa de la soberanía es un principio que une a Gobierno y oposición, y que debe prevalecer por encima de las disputas partidistas. En tiempos de tensión regional, Colombia necesita reafirmar su institucionalidad y garantizar que las decisiones sobre su futuro se tomen en Bogotá, no en Washington.
