El gobierno de Honduras ha dado un paso importante en la reforma de su sistema penitenciario al juramentar una nueva comisión interventora. La presidenta Xiomara Castro encabezó la ceremonia en la que se designó a Othoniel Gross Castillo como Comisionado Presidente, y a Erwin Lara Franco y Raúl Alexis Fuentes Borjas como Comisionados Adjuntos.
Este movimiento se produce en un momento crítico para el sistema carcelario hondureño, que alberga a más de 21 mil privados de libertad en más de 20 recintos. En los últimos años, el sistema ha enfrentado graves problemas de hacinamiento, violencia y falta de control, como lo evidenció la masacre de 46 reclusos en la cárcel de Támara en 2021.
El general Ramiro Fernando Muñoz había liderado un proceso de transformación del sistema penitenciario tras esos hechos, pero fue posteriormente separado del cargo por orden de la presidenta Castro. Ahora, la nueva comisión interventora asume el desafío de sanear y reorganizar el sistema carcelario, con el objetivo de garantizar condiciones dignas y seguras para los privados de libertad.
La juramentación de esta comisión se produce en los "estertores" del gobierno anterior, lo que sugiere que la administración de Castro ha priorizado este tema como parte de su agenda de reformas institucionales. El nombramiento de Gross Castillo, Lara Franco y Fuentes Borjas como responsables de la intervención refleja el interés del gobierno por abordar de manera integral los problemas que aquejan al sistema penitenciario hondureño.
La comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos seguirán de cerca los avances y retos que enfrente esta comisión interventora en los próximos meses, en un esfuerzo por transformar radicalmente un sistema que ha sido escenario de graves violaciones a la dignidad y los derechos de los reclusos.
