La Asamblea Nacional de Venezuela instaló este domingo su periodo legislativo 2026-2031 en una sesión marcada por un fuerte clima de confrontación política y discursos de resistencia, en la que se formalizó la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República.
El acto se realizó en medio de señalamientos de agresión externa y tras los recientes hechos violentos registrados el pasado 3 de enero, que dejaron bajas militares y civiles. En señal de duelo, la bandera nacional ondeó a media asta, mientras legisladores oficialistas rindieron homenaje a los fallecidos y anunciaron ascensos y condecoraciones póstumas.
Durante la sesión, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, explicó que la designación de Delcy Rodríguez responde a un mandato emitido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con el objetivo de garantizar la continuidad institucional del Estado ante la coyuntura actual. Señaló que se trata de una medida constitucional de carácter transitorio, orientada a fortalecer el funcionamiento del gobierno y las instituciones públicas.
La juramentación se llevó a cabo en el Salón Tríptico del Palacio Federal Legislativo, donde Rodríguez asumió formalmente el cargo ante la directiva parlamentaria. En su juramento, la nueva presidenta encargada se comprometió a defender la soberanía nacional y la estabilidad del país. "Juro ante el pueblo de Venezuela cumplir y hacer cumplir la Constitución, preservar la independencia de la República y defenderla frente a cualquier forma de agresión", expresó.
En paralelo, sectores de la oposición hicieron llamados al diálogo y a un pacto nacional de largo plazo, mientras otras fracciones exigieron el cese de la persecución política y la liberación de presos. La nueva directiva legislativa afirmó que mantendrá la apertura al diálogo.
La juramentación de Delcy Rodríguez se produce en un momento de alta tensión política en Venezuela, con señalamientos de agresión externa y recientes hechos violentos que han dejado víctimas. La medida, calificada como transitoria y constitucional por las autoridades, busca garantizar la continuidad institucional del Estado, mientras la oposición hace llamados al diálogo y a la liberación de presos políticos.
