La rápida y precisa operación militar de Estados Unidos en Caracas que terminó con la captura y exfiltración del ahora expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido un mensaje contundente de lo que el gobierno de Donald Trump busca para los intereses estadounidenses en América Latina. Este hecho sin precedentes representa un claro atentado contra la soberanía de un país que se acercaba cada vez más al autoritarismo.
La "Resolución absoluta", como fue denominada la operación, monitoreada personalmente por el presidente Trump, se enmarca dentro de la nueva doctrina de seguridad de Washington que ha puesto a América Latina como una de sus prioridades. A diferencia de las invasiones de Irak o Afganistán, esta ha sido una intervención quirúrgica, ejecutada en pocas horas, para reemplazar a Maduro por una figura más afín a los intereses estadounidenses.
Líderes mundiales han cuestionado duramente esta acción, calificándola como un atentado contra el orden internacional. Sin embargo, para Trump, "nosotros estamos a cargo" de la transición política en Venezuela, imponiendo así una tutela condicionada a cambios en la política petrolera, la lucha contra el narcotráfico y el control de los recursos naturales del país.
Este episodio marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, donde la "doctrina Trump" de "Estados Unidos primero" se impondrá sin tapujos, generando más controversia y afectando aún más la vida de los latinoamericanos. Mientras algunos celebran la caída de Maduro, otros se preocupan por el precedente que sienta esta intervención sobre la soberanía de los países de la región.
Para Bolivia, este hecho debe servir de lección para fortalecer sus instituciones democráticas e independientes, evitando caer en la tentación de proyectos políticos que puedan degenerar en autoritarismo y la imposición de tutelas extranjeras. La democracia y la lucha contra la corrupción deben ser prioridades inquebrantables, si se quiere evitar un destino similar al de Venezuela.
