El Gobierno de Daniel Noboa está empeñado en doblegar la línea editorial de los diarios Expreso y Extra, pertenecientes a la empresa Granasa, a través de una maniobra ilegal que busca despojarla del 40% de sus acciones.
La Superintendencia de Compañías, bajo presión del Gobierno, pretende revertir una transferencia accionaria válida realizada hace seis años, alegando falta de "trazabilidad", y ha designado de manera apresurada a un liquidador para que administre ese paquete accionario.
Esta acción representa una flagrante violación a la libertad de prensa y de expresión, así como un peligroso precedente que pone en riesgo la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad privada en el país. La Superintendencia no tiene competencia legal para revertir transferencias accionarias válidamente realizadas, y su accionar implica una intervención estatal ilegítima en una empresa privada.
Expertos advierten que, de prosperar esta maniobra, se abriría la puerta para que el Gobierno pueda intervenir en la estructura accionaria de cualquier empresa privada, lo que equivaldría a una confiscación arbitraria e ilegal, tal como ocurrió en Venezuela con el "exprópiese" de Hugo Chávez.
La defensa de Granasa señala que esta agresión al medio de comunicación no solo representa una violación a la libertad de expresión, sino también un peligroso precedente para el derecho a la propiedad privada en el país. Lo que busca la Superintendencia es un paquete accionario, supuestamente para rematarlo y pagar supuestas deudas de un tercero, lo que implica desconocer una titularidad privada ya consolidada.
Este caso no debe ser visto como un hecho aislado, sino como la apertura de una puerta para que algo similar pueda repetirse con otras empresas en el futuro. De aceptarse este criterio, un órgano administrativo como la Superintendencia podría intervenir en la estructura accionaria de cualquier empresa privada, sin necesidad de una decisión judicial, poniendo en riesgo la propiedad privada en el país.
