El gobierno del presidente Gabriel Boric ingresó a trámite en la Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional que busca fortalecer el combate al crimen organizado al interior de las cárceles y reforzar la seguridad de los penales.
La iniciativa, anunciada el pasado 16 de diciembre, incorpora a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y separa las funciones de seguridad penitenciaria de aquellas relativas a reinserción social.
De aprobarse el proyecto, Gendarmería pasará a depender del Ministerio de Seguridad Pública, al igual que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Además, se establece un plazo de 12 meses para que el Presidente envíe al Congreso un proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social.
La reforma surge tras los resultados de una investigación que detectó una red de corrupción en la institución penitenciaria, derivando en la detención de 47 gendarmes. Según el Presidente Boric, esta es "una reforma urgente y necesaria" para fortalecer la seguridad pública, el combate al crimen organizado y la lucha anticorrupción.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que la reforma es "indispensable para fortalecer la seguridad pública y enfrentar la corrupción en el sistema penitenciario". Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, agregó que "esta es una reforma urgente y necesaria para el país, que va en la dirección de fortalecer la institucionalidad del Estado en materia de seguridad pública, de combate al crimen organizado y anticorrupción".
Con esta iniciativa, el gobierno busca separar las funciones de seguridad y reinserción social de Gendarmería, fortaleciendo su rol como institución de seguridad pública y combate a la corrupción en las cárceles. La aprobación del proyecto en el Congreso será clave para avanzar en estos objetivos.
