El Tribunal Superior de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial de Panamá mantuvo las medidas de arresto domiciliario, impedimento de salida del país y de notificación semanal a Emgelberth Geovanny Estrada Linares, miembro de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), imputado por el delito de peculado por el manejo irregular de $4.4 millones entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).
Durante una audiencia celebrada este lunes 5 de enero, el tribunal decidió mantener las medidas cautelares a Estrada, quien se había desempeñado como tesorero de la Junta Comunal de David entre 2019 y 2024, a quien se le atribuye el manejo irregular de fondos de la descentralización.
Los magistrados también dispusieron la prohibición al imputado de acercarse a la Junta Comunal de David y de comunicarse con otros imputados dentro de la investigación, pero le concedieron un permiso para que pudiera laborar.
La Fiscalía Anticorrupción había apelado la decisión, buscando que se le aplicara la medida cautelar de detención provisional a Estrada debido a la gravedad del delito, ya que los fondos supuestamente malversados estaban dirigidos a la realización de programas de interés social. Sin embargo, el tribunal desestimó la apelación.
Durante la audiencia, el abogado de Estrada, Rafael Santamaría, alegó que no existieron irregularidades en el manejo de los fondos asignados a la junta comunal y argumentó que estos fueron administrados conforme a los protocolos y normativas vigentes. "No tenemos nada que ocultar y por eso decidimos enfrentar este proceso, que busca aclarar las imprecisiones señaladas por el Ministerio Público", dijo.
La investigación, a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, también involucra al exrepresentante de David, Jorge Montenegro Vallarino, a quien se le aplicó la medida cautelar de detención provisional, y forma parte del expediente conocido como "descentralización paralela" en las juntas comunales del distrito de David.
Según la Contraloría General de la República y denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de Descentralización, el caso se relaciona con presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos entre 2019 y 2024, con un perjuicio económico estimado en más de $4.4 millones.
Hasta el momento, la fiscalía ha logrado la imputación de cargos contra 11 exrepresentantes de corregimiento y 9 extesoreros por la presunta comisión del delito de peculado a través del manejo de fondos de la descentralización del Programa de Interés Social (PDIS). Sin embargo, aún tiene por ubicar a unos 50 exrepresentantes y extesoreros que deben ser aprehendidos y llevados ante un juez.
