Las elecciones generales de 2025 en Honduras se caracterizaron por un notable nivel de abstencionismo, con una participación del 60.19% de los electores habilitados, una caída de 8.39 puntos porcentuales en comparación con los comicios de 2021. Esta disminución en la participación ciudadana ha generado preocupación sobre el estado de la democracia en el país.
El análisis realizado por la Unidad de Investigación y Datos de EL HERALDO Plus revela que, pese a una carga electoral de más de 6.5 millones de hondureños convocados a votar, solo acudieron a las urnas 3.9 millones de personas, incluyendo los 132,006 sufragios de las 306 actas que no procesó el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Esta caída en la participación se produce en un contexto de cuestionamientos sobre la legitimidad de los procesos electorales y la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Analistas consultados señalan que el descontento de la población con la clase política, la percepción de que los gobiernos responden a intereses particulares y no a los de la sociedad, así como la falta de reformas electorales, han contribuido a este fenómeno.
Los departamentos con mayor participación fueron los ubicados en la zona occidental del país, como Lempira, Intibucá, La Paz, Ocotepeque y Santa Bárbara, donde el presidente electo Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional, obtuvo un amplio respaldo. En contraste, los departamentos con menor participación, como Islas de la Bahía, Yoro, Cortés, Colón y Atlántida, se inclinaron por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla.
Augusto Aguilar, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), señala que el porcentaje de participación se mantiene dentro del promedio histórico desde 1981, aunque reconoce que la Constitución establece el voto como obligatorio, sin que exista una sanción por incumplimiento, a diferencia de otros países.
Por su parte, los analistas Omar García y Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (Ciprodeh), coinciden en que es necesario una profunda reestructuración de las instituciones electorales, como el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), para lograr una verdadera democratización que rompa con la influencia de los partidos políticos.
Estos expertos subrayan que la falta de voluntad política para implementar reformas electorales que limiten la reelección, eliminen la deuda política y den mayor participación ciudadana, son factores que han contribuido al deterioro de la confianza de la población en el sistema democrático.
