La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala ha dejado en suspenso temporalmente la aprobación del decreto 27-2025 del Congreso, que contenía la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026. Esta decisión se tomó debido a supuestos vicios de procedimiento en la aprobación de dicho decreto, según lo señalado en la resolución del 30 de diciembre de 2025.
La diferencia principal entre los presupuestos 2025 y 2026 es que el techo de gasto público en el primero era de Q154.8 millardos, mientras que en el segundo ascendía a Q163.5 millardos, es decir, un aumento de Q8.7 millardos. Ambos techos de gasto fueron rechazados por la opinión pública, principalmente por el excesivo y opaco gasto de funcionamiento, la duplicación del sueldo de los diputados y la indemnización a su favor, así como la reiteración de la asignación extraordinaria de Q6.3 millardos a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).
Cabe destacar que el decreto 7-2025 del Congreso, que establece la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, fue vetado justificadamente por el gobernante, pero el Congreso, por mayoría absoluta y no calificada, rechazó dicho veto y ordenó su publicación oficial. Según expertos, esto podría permitir que los Codedes dispongan de hasta Q20 millardos en 2027, año electoral, sin sujetarse a una adecuada planificación, supervisión técnica, eficiencia y eficacia, lo que podría menoscabar la competencia electoral en igualdad de condiciones.
Ante esta situación, la suspensión del Presupuesto 2026 por parte de la CC, si bien supone una rebaja de Q8.7 millardos (5%), no impedirá que dichas irregularidades se incorporen en el Presupuesto 2026 ajustado. Algunos expertos consideran que, para corregir estas distorsiones institucionales, la CC debería dejar sin vigencia tanto el decreto 7-2025 como la asignación extraordinaria a los Codedes y la duplicación de sueldos e indemnización de los diputados.
