Guatemala se enfrenta a una situación presupuestaria complicada después de que la Corte de Constitucionalidad suspendiera provisionalmente el Presupuesto 2026 por irregularidades en su aprobación. Como consecuencia, el país deberá operar con el presupuesto del año 2025, una solución temporal que evita un instrumento mal elaborado que no resolvía los problemas de fondo.
El proyecto de presupuesto aprobado ascendía a Q163 mil 783.4 millones y podía superar los Q173 mil millones con ampliaciones preaprobadas. Sin embargo, la rigidez presupuestaria seguía siendo muy alta, con nueve de cada diez quetzales ya comprometidos. Mandatos de gasto y asignaciones automáticas dejaban al Estado sin margen para corregir errores o invertir donde realmente importa.
Además, la carga tributaria no avanzaba, estimándose una recaudación equivalente al 11.85% del PIB, por debajo del Pacto Fiscal (12%) y de las metas del Gobierno. El proyecto incluía figuras ocultas como el bolsón de "otros impuestos" que superaba los Q7 mil millones sin sustento técnico, afectando la confianza y credibilidad del sistema.
El problema central está en el gasto, con una estructura que favorece el funcionamiento y reduce la inversión. Salarios, pactos, transferencias y bienes y servicios absorben los incrementos, mientras la infraestructura estratégica continúa rezagada. Evaluaciones recientes muestran plantas de tratamiento sin operar, sistemas de agua inconclusos, escuelas deterioradas y obras sin requisitos básicos.
Además, la distribución de fondos de desarrollo se realiza sin criterios técnicos ni diagnósticos serios, respondiendo más a presiones políticas que a necesidades reales. Y persiste la pésima práctica de financiar funcionamiento con deuda, violando la "regla de oro" que establece que los préstamos deben destinarse a inversión y al pago del servicio de la deuda.
La suspensión del presupuesto es una oportunidad para corregir el rumbo. Guatemala necesita un presupuesto que rinda, que priorice a los más necesitados y que respete la ley. Es indispensable ordenar el gasto, eliminar lo que no sirve y fortalecer la inversión. Se demanda al Congreso corregir lo aprobado, depurar disposiciones que contravienen la normativa y exigir sustento técnico. Gobernar no es asignar más dinero, es usarlo bien.
El reto es claro. El país no puede permitirse repetir errores. La decisión está sobre la mesa y exige responsabilidad, visión y compromiso del Congreso para garantizar un presupuesto que responda a las prioridades nacionales y mejore la calidad de vida de los guatemaltecos.
