La detención del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero de 2025 en Venezuela por parte de Estados Unidos ha reactivado el debate sobre el impacto de la migración venezolana en la economía peruana. Aunque es imposible un éxodo masivo, este escenario plantea preguntas sobre el aporte actual de la comunidad venezolana en sectores clave, su impacto en el consumo, el empleo y la recaudación fiscal, así como los desafíos que enfrentaría Perú ante una posible reducción significativa de esta población migrante.
Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicado en diciembre de 2025 señala que los migrantes venezolanos asentados en Latinoamérica y el Caribe movilizan más de US$10.600 millones en consumo anual, cifra que posiciona a este colectivo como un actor relevante en las economías receptoras. Perú, con más de 1,7 millones de ciudadanos venezolanos, figura como el segundo destino mundial después de Colombia, de acuerdo con el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes. La OIM calcula que en el caso peruano, la contribución fiscal de los venezolanos superó los US$530 millones en 2024 (0,17% del PBI de Perú), en concepto de impuestos y tasas.
El reporte de la OIM difundido antes del Día Internacional del Migrante subraya que este impacto podría ser mayor si el 40% de los ciudadanos venezolanos que aún no han regularizado su situación migratoria lograra integrarse plenamente al mercado formal. "La regularización permite abrir una empresa, acceder a servicios y potenciar el impacto económico local", sostuvo Julio Croci, coordinador regional de la OIM, en declaraciones a EFE. El documento también destaca los esfuerzos realizados por gobiernos como el de Perú, que facilitaron la convalidación de títulos profesionales, permitiendo la incorporación de médicos y otros profesionales venezolanos a sectores deficitarios.
Según la Encuesta Nacional de Hogares dirigida a la Población Venezolana 2024 (ENAHOPV) del INEI, el gasto mensual por persona de los migrantes venezolanos alcanza 823 soles (unos US$216 al cambio de enero de 2026), cifra ligeramente inferior al promedio peruano, pero multiplicada por la magnitud de la diáspora, representa un mercado de consumo que supera los US$367 millones mensuales en las principales ciudades. Además, el 95,8% de los migrantes mayores de 14 años registra una ocupación laboral, aunque el 95,9% de quienes están en pobreza opera en la informalidad.
La integración al mercado laboral formal sigue siendo un reto. Según el IPE, solo 57.000 venezolanos contaban con empleo formal en 2024, equivalentes al 1,3% del total de trabajadores formales, a pesar de que el 39% de los migrantes mayores de 25 años tiene estudios superiores concluidos, una proporción mayor que la de los peruanos. Las barreras para regularizar el estatus migratorio y convalidar credenciales académicas limitan el acceso a mejores empleos y reducen la brecha de ingresos.
A pesar del aporte económico, la integración social y el acceso a servicios básicos son desafíos persistentes. Solo el 58% de los niños venezolanos entre 3 y 16 años estuvo matriculado en el sistema educativo en 2022, frente al 84% de los peruanos, y apenas el 27% de los migrantes tenía algún seguro de salud. El 40% de las familias venezolanas vive en una sola habitación, una proporción cinco veces mayor a la de los hogares peruanos.
El futuro de la población venezolana en Perú, tras la caída del dictador Nicolás Maduro, dependerá de la capacidad del Estado para facilitar procesos de regularización e inclusión, al tiempo que responde a las demandas de seguridad y cohesión social. Existe también una percepción pública que asocia la migración con el aumento de la delincuencia, aunque la OIM aclara que "no existe evidencia clara que confirme dicha percepción".
