En un hecho sin precedentes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó este sábado que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada del país suramericano tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Según el comunicado leído por la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D´Amelio, el TSJ tomó esta decisión luego de considerar el "secuestro" de Maduro por fuerzas militares estadounidenses y su posterior traslado a territorio estadounidense, una situación que calificaron como "excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución" venezolana.
El objetivo de esta medida, señaló el tribunal, es garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la nación, "sin que ello implique decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial (temporal o absoluta), ni sustituir las competencias de otros órganos del Estado para realizar dicha calificación en procedimientos posteriores".
De acuerdo a la Constitución venezolana, las faltas temporales o absolutas del presidente deben ser suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento por el mismo periodo de tiempo. Si la falta se prolonga por más de 90 días consecutivos, el Legislativo deberá decidir si se trata de una falta absoluta.
Expertos consultados por EFE señalan que la actual Constitución, aprobada en 1999, se apoya en la vicepresidencia ejecutiva ante la ausencia del mandatario. Sin embargo, advierten que la situación actual no se corresponde con los escenarios contemplados en el texto, ya que se trata de un Gobierno cuya legitimidad ha sido cuestionada tras las elecciones presidenciales de 2024.
Ante esta crisis, Rodríguez anunció la activación del Consejo de Defensa de la Nación, que ella encabeza, y que envió al TSJ el decreto de estado de conmoción exterior para que declarara su constitucionalidad y entre en vigor. Entre las facultades de este consejo están la de movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio, tomar militarmente y de manera inmediata la infraestructura de los servicios públicos, así como de la industria petrolera, para garantizar su "pleno funcionamiento".
