El Gobierno de Javier Milei sorprendió a la oposición al imponer por decreto una polémica reconfiguración de la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La medida, tomada en pleno receso parlamentario, ha generado un fuerte rechazo en gran parte de la oposición, que reclama la urgente conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para analizar la validez del decreto.
La oposición considera que el decreto es "manifiestamente inconstitucional" al otorgar atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la Policía Judicial y las fuerzas de seguridad, modificando el Código Procesal Penal. Además, critican que se haya utilizado un decreto presidencial para avanzar con estos cambios, sin debate parlamentario.
Unión por la Patria, el principal bloque opositor, presentó un proyecto para derogar el decreto, argumentando que "vulnera principios constitucionales esenciales, entre ellos el debido proceso legal y la garantía de la libertad personal". Por su parte, la Coalición Cívica no descarta realizar una presentación judicial.
Los opositores reclaman la constitución de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, la cual es la encargada de expedirse sobre la validez o no de los decretos presidenciales. Sin embargo, se espera que el oficialismo dilate el trámite, al menos hasta febrero próximo, cuando vencerán los plazos que establece la ley.
Mientras tanto, el Gobierno apuesta a que el paso del tiempo diluya la ofensiva opositora. El bloque de Pro, si bien respaldó aspectos positivos del decreto, pidió conocer los protocolos de uso y le mandó un aviso al Gobierno sobre la facultad de aprehensión de personas por parte del personal de Inteligencia.
La oposición considera que esta no es la primera vez que el Gobierno modifica la estructura de la SIDE por decreto, en un contexto que califican de "anómalo". Ahora deberán esperar al mes de febrero para intentar voltear el decreto, enfrentando el desafío de reunir el quórum y la mayoría simple necesarios en ambas cámaras.
