El Ministerio de Desarrollo Productivo de Bolivia informó este lunes sobre el avance de cinco procesos judiciales abiertos contra exautoridades, exfuncionarios y particulares por presuntos malos manejos financieros en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), que suman un daño económico preliminar de 260 millones de bolivianos (aproximadamente $us 37 millones).
Durante una conferencia de prensa, el ministro Oscar Mario Justiniano detalló que las investigaciones, respaldadas por auditorías e informes técnicos, han derivado en acciones legales contra una red de corrupción que operó en la empresa estatal de alimentos. "Este Gobierno tiene cero tolerancia a la corrupción, más aún cuando se trata de recursos que debían beneficiar a los productores y proteger a las familias bolivianas, particularmente a las más vulnerables", sostuvo la autoridad.
Por su parte, el gerente general de EMAPA, Sergio Siles, brindó un informe detallado sobre al menos cinco casos relevantes que actualmente se encuentran en investigación. Estos casos involucran a exautoridades, exfuncionarios y particulares, y abarcan presuntos delitos como incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito, contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Uno de los casos más relevantes es el proyecto de la planta de transformación, acopio y almacenamiento de papa, con una inversión aproximada de 148 millones de bolivianos, donde se identificaron presuntos delitos. Por este caso, el exgerente de EMAPA, Franklin Flores, cumple detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro, junto a otras personas involucradas.
Otro caso es el denominado "Harina 1", vinculado a la compra de harina subvencionada y su presunta reventa a precios elevados, con un daño económico estimado en 3,4 millones de bolivianos. Este proceso involucra a exfuncionarios de EMAPA y a exdirigentes de organizaciones sociales.
Asimismo, se presentó el caso "Harina 2", que constituye una ampliación de las investigaciones debido a la magnitud del esquema irregular detectado en la distribución de harina destinada al pan de batalla. En este proceso se investigan delitos como contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y uso indebido de bienes y servicios públicos, involucrando a exautoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo y exdirectivos de EMAPA.
Otro de los casos expuestos corresponde a la planta piscícola del lago Titicaca, un proyecto con una inversión de 87,7 millones de bolivianos que permanece inconcluso. Las investigaciones se centran en presunto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Finalmente, se detallaron procesos por enriquecimiento ilícito y nombramientos ilegales, donde se evidenció la designación de personal sin el cumplimiento de requisitos académicos y experiencia técnica, afectando áreas estratégicas que requieren alta especialización.
El ministro Justiniano aclaró que estos procesos no son los únicos y que las auditorías continúan para identificar más irregularidades cometidas en las últimas dos décadas. Subrayó que el objetivo es devolver la confianza de la población en las instituciones estratégicas del Estado, reiterando su respeto al debido proceso y a la independencia del órgano judicial.
