Desde este 1 de enero, enviar dinero al extranjero desde Estados Unidos será más costoso para millones de personas, luego de que entrara en vigor un nuevo impuesto federal sobre las remesas.
La medida, incluida dentro del paquete legislativo conocido como "Big Beautiful Bill", aprobado recientemente por el Congreso estadounidense, establece un gravamen sobre el envío de dinero a familiares y conocidos en el exterior.
"Para mandar dinero y que te quiten eso arriba, es una injusticia", expresó Luis Huerta, un remitente que se verá afectado por esta nueva carga impositiva.
Según datos oficiales, cada año se envían alrededor de $150 mil millones en remesas desde Estados Unidos hacia el exterior, principalmente a países de América Latina y el Caribe. Este flujo de dinero es vital para millones de familias en el mundo que dependen de estos aportes económicos de sus seres queridos en el extranjero.
La nueva tasa, cuyo monto exacto aún no ha sido definido, será aplicada a todas las transacciones de envío de dinero a través de empresas de giros postales, bancos y otras plataformas financieras.
Analistas señalan que este impuesto podría encarecer el costo de las remesas entre un 5% y 10%, lo que representaría una carga adicional significativa para los remitentes, quienes en su mayoría son inmigrantes y trabajadores de bajos ingresos.
"Muchas personas dependen de este dinero para cubrir gastos básicos como alimentación, vivienda y salud en sus países. Un aumento en los costos de las remesas les afectará gravemente", advirtió Juana Rodríguez, experta en temas migratorios.
Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han criticado duramente esta medida, calificándola como un "impuesto a la pobreza" que perjudicará a millones de familias vulnerables en el mundo.
Ante las quejas y protestas, el gobierno estadounidense ha señalado que los recursos recaudados por este nuevo gravamen serán destinados a programas de apoyo social y desarrollo en las comunidades de origen de los migrantes. Sin embargo, los activistas consideran que esto no justifica la carga económica que recaerá sobre los remitentes.
