Gobierno Boliviano Intensifica Lucha Anticorrupción y Exige Esclarecimiento de Casos Contra Exgerente de EMAPA

El Gobierno central de Bolivia ratificó este viernes su firme compromiso en la lucha contra la corrupción y exigió que los casos en los que está involucrado el exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), Franklin Flores, sean esclarecidos en el marco del debido proceso, con el objetivo de resguardar los intereses del Estado.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Gobierno, la administración boliviana reafirmó su posición de fortalecer el Estado de derecho y respetar la independencia de los órganos del Estado. En este contexto, la Policía Boliviana continuará brindando el apoyo necesario a las instancias competentes para que los procesos judiciales se desarrollen conforme a ley.

El pronunciamiento oficial se dio luego de la aprehensión de Franklin Flores, registrada la mañana de este viernes, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía. Flores es investigado por presuntas irregularidades en la construcción de la planta procesadora de papa en El Alto y enfrenta al menos cinco denuncias adicionales, entre ellas una vinculada a la construcción de una planta piscícola.

Durante la misma jornada, también se ejecutó una segunda orden de aprehensión en su contra, esta vez dentro del proceso relacionado con la subvención de la harina, caso por el cual el dirigente de los panificadores federados, Rubén Ríos, cumple detención preventiva.

El Ministerio de Gobierno informó que Franklin Flores está acusado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito y daño económico al Estado. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Productivo respaldó la aprehensión de Flores y exigió su detención preventiva.

Esta acción se enmarca en la política de tolerancia cero del Gobierno boliviano hacia la corrupción, la cual ha sido reiterada en múltiples ocasiones. Las autoridades han manifestado su compromiso de esclarecer estos casos y garantizar que se respete el debido proceso, con el fin de proteger los intereses del Estado y de la ciudadanía.