La Corte Suprema de Chile dio un giro histórico al anular la aplicación de la "media prescripción" en causas por crímenes de la dictadura militar, afectando a 14 casos. En una decisión sin precedentes, el máximo tribunal ordenó el reingreso a prisión de cuatro condenados y aumentó las penas a otros 24, entre ellos figuras como Miguel Krassnoff y Álvaro Corbalán.
El fallo, dictado en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que en crímenes de lesa humanidad no procede reducir las penas a través de mecanismos como la media prescripción. La resolución corrige rebajas incompatibles con estándares internacionales y marca un precedente clave.
Abogados defensores de derechos humanos celebraron esta decisión histórica, que pone fin a "penas ilusorias" y reafirma la obligación del Estado de sancionar firmemente los crímenes más graves cometidos durante el régimen de Augusto Pinochet.
La Corte Suprema revisó una serie de sentencias dictadas en causas por delitos de lesa humanidad, concluyendo que las rebajas de pena aplicadas no pueden mantenerse. En varios casos, las condenas originales -rebajadas a 3 o 5 años, a menudo cumplidas en libertad- fueron elevadas a penas efectivas de cárcel que pueden llegar a 10 años y 1 día.
Este giro en la jurisprudencia implica que algunos condenados que hoy se encuentran en libertad deberán reingresar a prisión para cumplir con lo resuelto. La Corte enfatizó que el aumento de penas no es automático, pero sí responde a la obligación del Estado de sancionar de manera efectiva los crímenes más graves.
Más allá de los casos concretos, la resolución establece un precedente clave: en crímenes de lesa humanidad, no procede la media prescripción ni otros mecanismos que reduzcan las penas. La Corte Suprema reafirmó que Chile debe cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso cuando ello implique revisar decisiones judiciales previas.
Este fallo marca un hito en la forma en que el Poder Judicial chileno enfrenta los delitos de la dictadura y las violaciones a los derechos humanos. La Corte Suprema corrigió rebajas de penas que habían generado "cosa juzgada aparente", es decir, decisiones formalmente firmes pero jurídicamente inválidas frente a crímenes de lesa humanidad.
