El parlamento ecuatoriano, conformado por asambleístas provinciales y nacionales, se enfrenta a importantes desafíos de gobernabilidad y corrupción que afectan el desarrollo del país. Según un análisis de prensa, el gobierno del presidente Lenín Moreno "entró en su recta final" y el próximo período constitucional "estará obligado a seguir la huella de los últimos gobernantes, impidiendo o demorando cambios radicales necesarios para el bienestar del país".
La falta de una clara separación entre la administración provincial y el control nacional ha generado estancamiento, "asambleístas bisagra", corrupción e incluso la infiltración del crimen organizado internacional en el país. Esto ha derivado en situaciones como la "muerte cruzada" que llevó al actual gobierno del presidente Guillermo Lasso.
Uno de los focos de tensión ha sido la propuesta del gobierno de Lasso de devolver las competencias de salud transferidas al IESS a los ministerios correspondientes. Los políticos de oposición, con "fondos de dudosa procedencia e interés en mantener estructuras irregulares heredadas de la década saqueada", se han opuesto a esta medida.
Además, el gobierno ha buscado impulsar medidas como permitir que las empresas exportadoras agrícolas deduzcan de la retención del 1% de salida de capitales los aportes del personal indirecto, afiliando a los trabajadores agrícolas al IESS con salario mínimo, con el objetivo de reducir la migración rural por falta de empleo.
Sin embargo, estos esfuerzos se enfrentan a la complejidad de un parlamento dividido y con intereses encontrados, lo que dificulta la implementación de cambios y reformas necesarias para el bienestar del país. La falta de una clara separación de poderes y la infiltración de la corrupción y el crimen organizado representan desafíos que el Ecuador deberá abordar en los próximos años.
