En un año marcado por la violencia, la minería ilegal en Perú dejó cerca de 50 muertos durante el 2025, en medio de la pasividad de las autoridades que no han logrado frenar el avance de estos grupos criminales.
El 2025 cerró con un nuevo episodio de sangre en la provincia de Pataz, en La Libertad, donde un enfrentamiento a tiros entre mineros ilegales dejó tres personas fallecidas en las últimas horas del año. Esta trágica escena resume lo que ha sido un año convulso para el país andino, donde la disputa por el control de los recursos minerales se ha cobrado decenas de vidas.
El punto más álgido de esta violencia se registró en mayo, cuando 13 trabajadores de seguridad fueron secuestrados, torturados y asesinados en el interior de un socavón por la banda conocida como Los Parqueros. Un crimen que evidenció la brutalidad con la que operan estos grupos criminales que se han apoderado de importantes zonas mineras en Perú.
Pero la violencia no es el único problema. La pasividad de las autoridades también ha sido un factor clave que ha permitido que la minería ilegal siga expandiéndose sin mayores contratiempos. Desde el Congreso, se ha pateado durante el 2025 la discusión de una ley que permita formalizar a decenas de miles de mineros informales, optando en su lugar por prorrogar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta finales del 2026.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo, la respuesta del gobierno de Dina Boluarte se ha limitado a declarar en estado de emergencia a la provincia de Pataz, sin que ello haya logrado frenar los asesinatos. E incluso el ahora exgobernador regional de La Libertad, César Acuña, prefirió abandonar su cargo para postular a la presidencia, en medio de esta crisis.
Ante este panorama desolador, los ciudadanos tienen la oportunidad este año de plantarle cara al avance de la minería ilegal a través de su voto. Los especialistas advierten que estos grupos criminales buscarán infiltrarse en las próximas elecciones, por lo que será clave que los electores eviten respaldar a partidos y candidatos que hayan apoyado o complacido a esta economía criminal.
