Casi dos años después de que el presidente Daniel Noboa declarara el "conflicto armado interno" en Ecuador, el país se enfrenta a su año más violento. Las cifras son alarmantes: en 2025 se registraron más de 9.000 homicidios, con una tasa de 25,51 por cada 100.000 habitantes solo en el primer semestre.
La declaratoria del conflicto armado, que habilitó operaciones militares contra 22 organizaciones criminales catalogadas como terroristas, no ha logrado frenar la espiral de violencia. Por el contrario, expertos cuestionan su efectividad y abogan por una revisión de la estrategia de seguridad.
"Si se miran las cifras, habrá que analizar si realmente conviene mantener al país en estas condiciones, porque al final todo sigue moviéndose a través de estados de excepción", afirma el exministro del Interior Juan Zapata. Por su parte, el también exministro Patricio Carrillo considera urgente redefinir el rol de las Fuerzas Armadas y ampliar la cooperación internacional.
El Índice de Conflictos de Acled ubica a Ecuador como el sexto país más peligroso del mundo, debido a la letalidad, la expansión geográfica de la violencia y la presencia de grupos armados activos. Analistas atribuyen parte de la permanencia de la declaratoria a un cálculo político del presidente Noboa, quien habría desarrollado una "dependencia psicológica y política del conflicto interno".
Pese a los esfuerzos de cooperación regional y el respaldo de más de 30 países, incluidos Estados Unidos, Colombia, Perú y Argentina, los resultados siguen siendo limitados. Expertos señalan que el control fronterizo sigue siendo una debilidad estructural aún no resuelta, lo que impide una respuesta efectiva y sostenida contra el crimen organizado.
En este contexto, el Gobierno ecuatoriano ha intensificado las acciones contra los cabecillas de las principales organizaciones delictivas, con la captura de más del 75% de sus líderes. Sin embargo, la fragmentación de las bandas ha dado lugar a facciones más impredecibles y violentas, lo que plantea nuevos desafíos.
Ante esta realidad, la comunidad internacional ha expresado su preocupación y su respaldo al Gobierno ecuatoriano. Pero los expertos coinciden en que se requiere una estrategia integral que aborde las causas estructurales de la violencia, fortalezca la prevención y la cooperación regional, y permita recuperar el control del territorio.
