El 2025 fue el año en el que el Gobierno de Dina Boluarte llegó a su fin tras más de dos años de gestión donde acumuló más denuncias que logros. Y es que la administración de la expresidenta, al igual que años anteriores, estuvo marcada por escándalos de presunta corrupción, una gestión deficiente y, sobre todo, alto rechazo ciudadano.
Aunque se creía que Boluarte acabaría su mandato en julio de 2026, tal como ella lo aseguraba luego de constantes blindajes del Congreso, la inseguridad ciudadana que no pudo combatir y el inicio de la campaña electoral marcaron su fin en menos de 24 horas.
La administración de Dina Boluarte se vio envuelta en una serie de controversias que marcaron la agenda del Perú en 2025. Desde el inicio del año, la mandataria enfrentó acusaciones relacionadas con cirugías estéticas realizadas en 2023, que fueron ocultadas al Congreso y al Consejo de Ministros, y negadas por la propia mandataria.
Según declaró el cirujano Mario Cabani, la presidenta se sometió a 5 procedimientos en la Clínica Cabani, entre ellos rinoplastia y blefaroplastia, sin que existiera constancia de pago ni registro clínico formal. Esto derivó en una denuncia constitucional por presunto abandono del cargo y omisión de funciones, dado que Boluarte no comunicó que se alejaría de sus funciones para someterse a una intervención quirúrgica.
El abandono quedó comprobado cuando Cabani, en una entrevista para Cuarto Poder luego de levantarse el secreto médico, reveló que la expresidenta se quedó en la clínica el 29 y 30 de junio de 2023, y detalló: "Por la sugerencia mía ella se quedó no solamente el 29, sino también el 30 en la mañana. Ella salía el 30 en la mañana, me parece que a las 8 de la mañana, pero adelantó su salida a las 6 de la mañana". En esos días, supuestamente, la exjefa de Estado firmó resoluciones supremas en Palacio de Gobierno.
El escándalo se agravó al conocerse que personas vinculadas al cirujano Mario Cabani ocuparon luego puestos de confianza en entidades públicas, como EsSalud. En esta investigación recientemente se pidió dictar impedimento de salida del país, pero la Corte Suprema rechazó el pedido.
Otro punto de inflexión en la gestión de Boluarte estuvo asociado al caso Qali Warma, programa estatal de alimentación escolar. De acuerdo con La República, la Fiscalía abrió investigación por presunta colusión agravada y tráfico de influencias, ya que la mandataria habría favorecido a Víctor Hugo Torres, amigo de infancia de su hermano Nicanor Boluarte, mediante contratos irregulares con Qali Warma y el programa PAIS. Estos hechos, según la acusación fiscal, generaron un perjuicio económico al Estado.
La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, reconoció la gravedad del caso en enero de 2025, aunque aseguró que no involucraba directamente a la presidenta. "En toda gestión pueden ocurrir delitos, pero no toleramos la corrupción", declaró. El proceso de investigación incluyó la citación de Boluarte por parte de la Fiscalía, donde la mandataria respondió a cerca de 50 preguntas durante un interrogatorio de cinco horas.
Por el caso Qali Warma el exvocero presidencial Fredy Hinojoza está impedido de salir del país toda vez que, en su condición exjefe de Qali Warma, habría formado parte de la presunta red criminal.
El gabinete de Dina Boluarte fue objeto de críticas constantes debido a la permanencia y reubicación de ministros censurados o investigados. Por ejemplo, pese a que fue censurado del cargo de ministro del Interior, por su incapacidad para hacer frente a la inseguridad ciudadana, Boluarte lo designó como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. Incluso este ministro tuvo que pedir autorización judicial para realizar un viaje al exterior porque tiene una orden de impedimento de salida del país vigente por presunta corrupción.
Casos similares se repitieron con otros ministros, como Julio Demartini, quien tras renunciar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social por el escándalo de Qali Warma, fue contratado poco después como asesor en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
En paralelo a los casos expuestos, Boluarte acumuló hasta cinco denuncias constitucionales en menos de 48 horas durante el primer semestre de 2025 por investigaciones iniciadas en años anteriores. Entre los cargos figuraron enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, abandono de cargo y presunta responsabilidad en muertes durante protestas sociales.
La desaprobación alcanzó niveles históricos: La mandataria cerró su gestión con un 93 % de rechazo a nivel nacional y un 0 % de aprobación entre jóvenes de 18 a 24 años. Movimientos sociales, gremios y organizaciones de derechos humanos denunciaron que el gobierno mantuvo una actitud distante frente a las demandas ciudadanas.
Tal fue el rechazo que sembró Dina Boluarte que, según una encuesta de Datum, la vacancia fue lo mejor del 2025.
La percepción de inseguridad se agudizó tras el atentado durante un concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, ataque que dejó un saldo de 5 personas resultaron heridas. Este hecho intensificó la presión social sobre la presidenta. El Congreso aprovechó la situación y procedió a iniciar la vacancia de Boluarte.
El desenlace de la gestión de Dina Boluarte se produjo con una velocidad inusitada. Tras el atentado en Chorrillos y la acumulación de denuncias, el Congreso aprobó la vacancia por "incapacidad moral permanente" en una sesión extraordinaria celebrada el 10 de octubre de 2025. La decisión se adoptó con 121 votos a favor y sin abstenciones, un consenso inusual en el Parlamento, que podría haber estado motivado por fines electorales.
La presidenta abandonó el Palacio de Gobierno en la madrugada, bajo un fuerte operativo de seguridad. Imágenes difundidas mostraron su salida por la puerta trasera del recinto, a bordo del vehículo conocido como "el cofre". En menos de 24 horas, José Jerí, presidente del Congreso, tramitó la vacancia de Boluarte y asumió la presidencia interina.
