El gobierno del presidente Luis Abinader enfrenta una ola de denuncias y escándalos de corrupción administrativa que ponen en jaque la estabilidad democrática del país. Expertos advierten que la proximidad de las elecciones presidenciales de 2028 podría exacerbar los actos de malversación de fondos públicos.
Según el análisis, a partir de este año 2026 se debe extremar la vigilancia ciudadana y el peritaje de expertos en todo lo relacionado con la administración pública, ya que existe el riesgo de que funcionarios sin escrúpulos intenten desviar recursos para financiar sus aspiraciones políticas.
El texto señala que el presidente Abinader tiene la obligación de garantizar el manejo ético de los recursos del Estado, no solo por el bienestar de la nación, sino también por su propio futuro político, ya que está llamado a completar sus dos períodos presidenciales con la mayor pulcritud.
Organizaciones internacionales como la World Compliance Association (WCA) han denunciado casos de corrupción que salpican a exfuncionarios de anteriores gobiernos, incluyendo el de Danilo Medina. Asimismo, medios locales han revelado nueve grandes casos de mala administración y corrupción durante la actual gestión de Abinader.
Ante esta situación, se hace imperativo que el Gobierno active todos los mecanismos de control y fiscalización, como la Cámara de Cuentas, el Ministerio de Administración Pública, la Contraloría General y la Dirección General de Contrataciones Públicas, entre otros.
Además, se insta a la oposición política a no limitarse solo a denunciar, sino a colaborar en la construcción de expedientes sólidos que permitan procesar y condenar a los funcionarios corruptos. Por su parte, la ciudadanía debe redoblar su vigilancia y actuar de manera contundente ante cualquier acto de corrupción comprobado.
El autor concluye que la corrupción se ha convertido en un "mal endémico" que afecta a la nación, y que solo una firme voluntad política, tanto del Gobierno como de la oposición, podrá frenar este flagelo que pone en riesgo la estabilidad democrática y el bienestar de los dominicanos.
