Desde el 1 de enero, las bolsas plásticas de compras ya no están disponibles en los supermercados de California debido a una nueva ley estatal que busca reducir el impacto ambiental de este tipo de residuos. La medida, conocida como Senate Bill 1053, ha tomado por sorpresa a muchos comerciantes y clientes, quienes se cuestionan cómo será la transición hacia las nuevas alternativas.
La norma prohíbe que supermercados, tiendas minoristas con farmacia, tiendas de conveniencia, food marts y licorerías distribuyan bolsas plásticas de un solo uso, consideradas una de las principales fuentes de contaminación. En su lugar, las tiendas solo podrán vender bolsas de papel en caja, con un costo de 10 centavos cada una.
Sin embargo, esta medida ha generado dudas e incluso molestia entre algunos comerciantes, como Nicholas Tran, copropietario del supermercado Vien Dong 4 en San Diego. Tran se pregunta qué hacer con el stock de bolsas plásticas que ya había adquirido antes de que la ley entrara en vigor, y advierte que las bolsas de papel le cuestan alrededor de un 25% más que las plásticas.
Además, Tran señala que muchas familias de clase trabajadora reutilizaban las bolsas plásticas como bolsas de basura, por lo que ahora tendrán que comprar más bolsas específicas para ese fin. "Tenían un doble uso. Ahora, si no existen, la gente va a tener que comprar más bolsas de basura", comentó.
Por su parte, la senadora estatal Catherine Blakespear, autora del proyecto de ley, defendió la medida al señalar que el objetivo no es impedir que la gente transporte sus compras, sino cambiar el material utilizado. "Necesitamos poder llevar nuestros víveres a casa, pero con un material que no dure miles de años ni permanezca intacto en el ambiente", explicó.
Quienes apoyan la ley esperan que impulse hábitos más sostenibles, como el uso de bolsas reutilizables de tela, que pueden usarse cientos de veces. De hecho, algunos compradores, como Atlantis Showalter, ya han adoptado esta práctica y aseguran que evitan así pagar cargos adicionales y situaciones incómodas.
La aplicación de la nueva ley estará a cargo de las ciudades, los condados y la oficina del fiscal general del estado. Además, cualquier persona puede reportar violaciones, lo que deja claro que el cambio no solo es inmediato, sino también vigilado de cerca.
