El Gobierno argentino enfrenta un punto clave para la economía a partir de 2026, con el levantamiento de una de las mayores restricciones cambiarias: la posibilidad de que las empresas giren dividendos correspondientes al ejercicio 2025.
Esta medida busca normalizar el mercado tras años de controles, y permite la distribución de ganancias generadas desde 2025, no las acumuladas anteriormente. Se considera un paso clave en la liberalización cambiaria, aunque con cautela sobre el impacto en las reservas y la presión sobre el tipo de cambio.
La administración de Javier Milei emitió los Bopreal (Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre) para cumplir con estas obligaciones en divisas acumuladas por el estricto control de capitales heredado. El stock de estos bonos alcanzaba los USD 12.975 millones al 29 de diciembre.
Desde el Banco Central habían indicado que los giros correspondientes a 2025 podrán efectuarse durante 2026, probablemente a partir de mediados de año, una vez que las empresas cierren sus balances. Esto representa un desafío para las autoridades, que deberán monitorear el impacto en las reservas internacionales, hoy por encima de los USD 41.000 millones, aunque con un saldo negativo al descontar préstamos y depósitos del sector privado.
La discusión sobre el futuro del cepo y los controles cambiarios mantiene en vilo a empresas, inversores y analistas. Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de prudencia ante la brecha cambiaria y las reservas negativas, el sector privado aguarda definiciones concretas sobre una apertura definitiva del mercado de cambios.
