Una investigación exhaustiva ha revelado un entramado de corrupción y fraude en la gestión de fondos inmobiliarios por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del Banco de Costa Rica (BCR). La adquisición del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por $70,8 millones en 2020 fue el detonante de una trama que involucra a 14 imputados y pérdidas estimadas en más de $92 millones.
El escándalo comenzó a destaparse en 2025, cuando la Superintendencia General de Valores (Sugeval) obligó al BCR a trasladar $70 millones para retirar el PEP del fondo inmobiliario, debido a una supuesta diferencia millonaria entre el valor real del complejo y lo pagado por BCR SAFI. Esto derivó en pérdidas para los inversionistas.
La investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) reveló que la estructura criminal, liderada por el exdiputado Humberto Vargas Corrales y su grupo empresarial HVC, actuó de forma específica sobre nueve propiedades del Fondo Inmobiliario No Diversificado y del Fondo de Inversión del Comercio y la Industria No Diversificado (FIIND).
Según el informe fiscal, el grupo generó un beneficio ilícito superior a los $92 millones a través de operaciones con márgenes de ganancia irreales, validadas por la SAFI sin fiscalización. Incluso, los peritos externos mintieron en los informes al describir obras inconclusas como "edificios terminados".
La investigación también encontró que, tras la compra del PEP y la salida de varios exfuncionarios de BCR SAFI, estos conformaron sociedades en Panamá junto a los mismos empresarios a los que habían beneficiado en las operaciones.
El escándalo ha tenido un impacto devastador en la reputación del fondo, con una segunda capitalización por 19.260 millones ordenada por la Sugeval el 11 de diciembre de 2025. Aproximadamente 1.700 inversionistas resultaron afectados, con rendimientos desplomados y pérdidas reales en sus carteras.
Este caso pone en evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en la gestión de fondos públicos y privados, para evitar que hechos de corrupción y fraude como este vuelvan a ocurrir.
