República Dominicana lidera América Latina en motocicletas por cada 100,000 habitantes, con una tasa de 29,670, muy por encima de otros países de la región. Sin embargo, este crecimiento descontrolado del parque de motocicletas ha tenido un impacto directo en la seguridad vial, con alarmantes niveles de accidentes y muertes.
En 2024, el país registró 3,531,967 motocicletas, lo que representa el 57% del total de vehículos en circulación. Esta realidad se traduce en un caos en el tránsito, con conductores que exhiben conductas de alto riesgo, como zigzagueo entre vehículos, circulación por aceras, irrespeto a los semáforos y adelantamientos temerarios.
Las cifras son contundentes: en 2024 fallecieron 3,114 personas en accidentes de tránsito, de las cuales 2,193 (70.48%) eran motociclistas. Estos niveles de mortalidad superan ampliamente los de otras causas de violencia en el país, como la criminalidad o la violencia de género. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2023 la República Dominicana ocupó la posición 12 a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes.
A pesar de contar con un marco legal robusto, encabezado por la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la débil fiscalización y la falta de consecuencias han convertido estas normas en disposiciones de cumplimiento limitado. Además, persisten prácticas de alto riesgo, como el transporte de varios pasajeros sin casco, incluyendo niños, o el traslado de cilindros de gas propano.
Más allá del debate, el país enfrenta un problema estructural de seguridad vial que exige la aplicación efectiva de la ley, la educación, el control y sanciones reales. De lo contrario, la movilidad seguirá cobrando vidas y profundizando el deterioro del tránsito urbano en República Dominicana.
