En un duro golpe para la población palestina, el Gobierno de Israel ha impuesto un veto a 37 organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales que operan en Gaza y Cisjordania. Estas organizaciones, que incluyen a reconocidas entidades como Médicos Sin Fronteras (MSF), Acción contra el Hambre, OXFAM y Cáritas, deberán cesar sus actividades y retirar a su personal extranjero de la Franja de Gaza antes del 1 de marzo.
La decisión del Ejecutivo israelí, anunciada esta semana, se basa en que estas ONG no habrían completado un proceso de registro que el Gobierno impuso en marzo de 2022, alegando "razones de seguridad" para detectar "terroristas" entre sus filas. Este proceso obliga a las organizaciones a entregar información sensible, como los nombres de todos sus empleados, al Gobierno israelí.
Las consecuencias de esta medida serán "catastróficas" para la población de Gaza, según han advertido las propias ONG afectadas y diversas agencias de la ONU. Estas organizaciones gestionan o apoyan la mayoría de los hospitales de campaña, los centros de atención primaria, las respuestas de refugio de emergencia, los servicios de agua y saneamiento, los centros de estabilización nutricional para niños con desnutrición aguda y las actividades críticas de desminado en la Franja.
"Nunca contrataríamos a sabiendas a personas que participan en actividades militares. Hacer públicamente tales afirmaciones sin pruebas pone en riesgo al personal humanitario y socava el trabajo médico crítico que se hace", denunció la coordinadora de emergencias de MSF para Gaza, Claire San Filippo.
Según indicaron las agencias de la ONU y varias ONG internacionales, la retirada de licencias a estas organizaciones dejará a cientos de miles de personas sin acceso a atención médica y servicios esenciales. De hecho, los cinco centros de estabilización para niños con desnutrición aguda grave en Gaza cuentan con el apoyo de estas ONG, lo que representa el 100% de la capacidad de hospitalización para tratar a niños en peligro de vida.
La decisión de Israel ha sido ampliamente criticada por organizaciones internacionales, diferentes países y las autoridades palestinas. La Unión Europea condenó la medida, al igual que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker T rk, quien calificó las suspensiones de "arbitrarias" y que "empeoran una situación ya intolerable para la gente de Gaza".
El grupo islamista Hamás, que gobierna en la parte de Gaza no ocupada por Israel, calificó la medida como un "flagrante desprecio a la comunidad internacional y al sistema de trabajo humanitario". Por su parte, la Autoridad Palestina destacó que Israel "no quiere testigos de sus crímenes".
Un grupo de diez países, entre ellos Canadá, Dinamarca, Francia y el Reino Unido, también expresaron su "grave preocupación por el nuevo deterioro de la situación humanitaria en Gaza, que sigue siendo catastrófica". Asimismo, 18 ONG israelíes condenaron la decisión de su Gobierno, considerando que viola "los principios humanitarios fundamentales de independencia y neutralidad".
A pesar de las críticas, el Gobierno israelí afirmó que la ayuda humanitaria continuará a través de la ONU, gobiernos donantes, el sector privado y más de 20 ONG internacionales que completaron el nuevo proceso de registro. Sin embargo, la realidad es que millones de palestinos en Gaza y Cisjordania se quedarán sin el apoyo y los servicios esenciales que brindaban estas organizaciones humanitarias.
