El Tribunal Electoral de Morelos ordenó que la mitad de los 33 municipios de esa entidad fueran reservados exclusivamente para mujeres, para garantizar la paridad efectiva en los ayuntamientos. Sin embargo, acuerdos políticos en el Congreso local terminaron por desoír la sentencia e incumplir la paridad obligatoria, reduciendo los derechos de las mujeres a solo la tercera parte de los espacios.
El Congreso local, a propuesta del PAN y con apoyo de Morena, estableció un esquema en el cual separó a los tres municipios indígenas y a los otros 33 que se rigen por el sistema de partidos políticos, los dividió en tres bloques de 11. De esta manera, la paridad no se cumplirá nunca en la totalidad de los 36 municipios, como ordenó el Tribunal, sino en fragmentos en un carrusel de nueve años.
Según la consejera Elizabeth Martínez, presidenta de la Comisión de Género y No Discriminación del IMPEPAC, de los 13 municipios sin presidentas municipales, el Congreso solo respetó a cinco: Axochiapan, Cuautla, Jantetelco, Tlalnepantla y Tlaquiltenango. Los demás quedarán fuera de la garantía de paridad.
Perla Pedroza, del Observatorio de Paridad y Violencia Política de Género en Morelos, alertó que se incumple la sentencia y que claramente no se logrará la paridad efectiva. El encargado de esta propuesta para seguir postergando los derechos de las mujeres fue el diputado panista Daniel Martínez Terrazas, quien en 2021 fue revocado de su diputación federal por fraude a la ley al hacerse pasar por indígena.
En pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó este acuerdo, a pesar de que Movimiento Ciudadano no presentó como un agravio el que la decisión del Congreso de Morelos vaya en contra de la sentencia del Tribunal Electoral.
