El Área Metropolitana de la Ciudad de Panamá no es un simple espacio geográfico, sino un sistema de "vasos comunicantes" donde el éxito y el fracaso se encuentran a kilómetros de distancia y horas de tráfico. Los resultados del Censo 2023 han confirmado un fenómeno que urbanistas venían observando desde hace décadas: las viviendas del centro de la metrópolis se vacían de residentes permanentes mientras incorporan usuarios transitorios como inquilinos, comercios y oficinas.
Este fenómeno, lejos de ser un síntoma de colapso urbano, revela el funcionamiento de lo que podría llamarse una "Ciudad Escalera": un sistema en el que la movilidad residencial opera como estrategia de ascenso social. Los barrios populares y asentamientos informales funcionan como "estaciones de arranque", donde las familias llegan con pocos recursos, acceden a vivienda, consolidan su patrimonio y, con el tiempo, transforman ese "capital de ladrillo" en una plataforma para mejorar sus ingresos, educar a sus hijos y aspirar a un siguiente peldaño residencial.
Cuando ese objetivo se alcanza, el desplazamiento geográfico suele tener un destino claro: la periferia metropolitana. Esto explica por qué, mientras San Miguelito pierde población, distritos como Arraiján han crecido más de 50% en el mismo período, absorbiendo a una clase media emergente que busca seguridad, más espacio habitable y la promesa de orden urbano.
Sin embargo, esta "escalera" no es limpia ni automática. Tiene estructuras oxidadas y peldaños rotos. El éxito de mudarse a la periferia se paga con un "impuesto al tiempo" devastador, con trayectos diarios que superan con facilidad los 80 minutos por sentido. En el Área Metropolitana de Panamá se está normalizando un modelo donde el ascenso socioeconómico exige desarraigarte del lugar que te vio crecer, desgastarte en el tráfico y pasar menos tiempo con tu familia.
A este fenómeno se suman factores menos visibles pero igual de determinantes, como la seguridad y la percepción de clase. Para muchos hogares que lograron "graduarse" de la informalidad, permanecer en barrios que comienzan a deteriorarse o cambiar rápidamente de uso deja de ser una opción atractiva. El temor al delito, la pérdida de referentes sociales y la sensación de estancamiento empujan la decisión de irse incluso antes de que exista una necesidad económica estricta.
Paradójicamente, una parte importante de estos barrios se formalizó jurídicamente, accediendo a derechos posesorios y eventualmente a títulos de propiedad. Sin embargo, esa formalización no siempre vino acompañada de infraestructura adecuada, servicios completos ni una capacidad real de adaptación intergeneracional de la vivienda. Además, en los barrios consolidados del centro, los cambios de uso de suelo formales e informales tampoco vienen siempre acompañados de infraestructura suficiente, reglas de convivencia claras o mecanismos eficaces de gestión urbana.
El resultado es un encarecimiento progresivo de la tierra que termina expulsando a los herederos: las viviendas no pueden crecer en altura, los parientes no desean o no pueden permanecer cerca, y la propiedad se vende o se alquila para usos distintos al residencial. La ciudad se vacía de vecinos y se llena de transacciones.
En este contexto, la pregunta clave no es por qué la gente se mueve, sino por qué la ciudad no logra retenerla. Hoy el Estado regula, sanciona o tolera, pero ha sido mucho menos eficaz en construir un sistema de incentivos que permita al pequeño propietario y al pequeño inversionista convertirse en aliados activos del desarrollo urbano. Faltan políticas que ayuden a mejorar la calidad estética y funcional de los barrios, que faciliten la producción de más vivienda dentro de ellos y que permitan una densificación progresiva sin destruir su tejido social.
La "Ciudad Escalera" no debería obligar a abandonar el barrio para progresar. Debería permitir que los barrios crezcan con su gente. La pregunta que vale la pena hacerse no es solo por qué se van, sino qué se está haciendo para que quedarse también sea una opción real de progreso.
