Durante los últimos cinco meses, Estados Unidos ha llevado a cabo una ofensiva antidrogas en el Caribe y el Pacífico, en la que ha afirmado haber destruido al menos 35 embarcaciones y causado más de cien muertes. La escalada de ataques aéreos y marítimos contra presuntos narcotraficantes ha generado fuertes críticas de países como Venezuela y Colombia, así como de la ONU, que los han calificado como violaciones del derecho internacional.
La ofensiva, ordenada por el gobierno de Donald Trump, se enmarca en la declaración de "conflicto armado directo" contra los carteles de la droga latinoamericanos, a los que considera organizaciones terroristas. Desde agosto, Estados Unidos ha desplegado buques militares en el Caribe, con Venezuela como principal foco, y luego ha extendido la ofensiva al océano Pacífico, involucrando a Colombia y rutas marítimas cercanas a sus costas.
Según la información proporcionada por el Comando Sur de Estados Unidos, entre el 2 de septiembre y el 29 de diciembre se han registrado al menos 16 ataques contra embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 100 personas muertas. Las víctimas han sido vinculadas por Washington con el narcotráfico, aunque en algunos casos no se han presentado pruebas concluyentes.
Los gobiernos de Venezuela y Colombia, acusados por Trump de mantener vínculos con el narcotráfico, han denunciado estos ataques como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. Por su parte, la ONU ha advertido que estas acciones podrían constituir violaciones del derecho internacional y ha pedido a Estados Unidos que ponga fin a las mismas.
La escalada de violencia coincide con un mayor escrutinio del Congreso estadounidense sobre la legalidad de estas operaciones, especialmente después del ataque del 2 de septiembre, en el que un bombardeo remató a dos sobrevivientes, un hecho que expertos han señalado como un posible crimen de guerra.
