Lecciones del 2025: Pesca en Perú necesita más control y supervisión efectiva

El año 2025 dejó importantes lecciones para el sector pesquero peruano. Si bien se registraron aciertos como la gestión técnica de la pesca de anchoveta en la zona centro-norte, la industria enfrenta un desafío clave: la necesidad de una fiscalización y supervisión mucho más robusta.

El informe destaca que, cuando las decisiones públicas se apoyan en evidencia científica, reglas claras y supervisión efectiva, el sistema responde con resultados positivos. Sin embargo, la debilidad en la fiscalización o la prevalencia de la informalidad y la ilegalidad trasladan los riesgos directamente al recurso hidrobiológico, al empleo y a la sostenibilidad del sector.

Un ejemplo de esto fue la pesquería de pota, que si bien mostró que es posible aprovechar épocas de abundancia sin comprometer el futuro del recurso, también dejó en claro que no se puede gestionar solo desde la coyuntura. Su alta variabilidad biológica exige inversión sostenida en investigación, monitoreo permanente y respeto estricto de las normas, especialmente en un contexto de cambio climático.

Otro punto crítico es el Registro de la Informalidad Pesquera (REINFO), que corre el riesgo de consolidar la informalidad si no se acompaña de plazos claros, fiscalización real y sanciones efectivas. La informalidad no protege al pescador artesanal ni al recurso, sino que genera competencia desleal, no aporta recursos al fisco, distorsiona los mercados y debilita la gobernanza pesquera.

En el sur del país, la singularidad de sus dinámicas oceanográficas, productivas y sociales exige un marco normativo adaptado a su realidad, que permita reactivar una pesca que durante años sostuvo empleo, inversión y desarrollo local.

De cara al 2026, el desafío es claro: el sector pesquero necesita no solo reglas claras e instituciones fuertes, sino también la capacidad de hacerlas respetar. La sostenibilidad del recurso hidrobiológico y la prevalencia del sector como motor del país dependen tanto de la evidencia científica que sustenta la legislación, como de la efectividad en su cumplimiento.