La creación de Minera Tarar SpA, la empresa clave en la Estrategia Nacional del Litio, ha generado una profunda perplejidad. Según lo revelado, esta empresa pública, filial de Codelco y vinculada al patrimonio estatal, debió haber sido sometida al control de legalidad previo de la Contraloría General de la República. Sin embargo, este control no ocurrió.
La omisión de este procedimiento, considerado una de las garantías institucionales más relevantes del Estado de Derecho chileno, ha sido calificada como "grave desde cualquier estándar jurídico". Aún más preocupante es la forma en que se intenta "regularizar" esta situación a posteriori, permitiendo el "saneamiento" de un acto que debía ser objeto de control previo.
Esto desnaturaliza la lógica misma del control preventivo de legalidad, convirtiéndolo en un trámite subsanable y aproximándolo peligrosamente a un control meramente declarativo. La Contraloría ha sido categórica al respecto, señalando que los órganos involucrados deberán "dar cuenta documentada del cumplimiento de lo instruido, antes del 31 de diciembre de 2025".
Sostener que basta con "haber iniciado" el proceso de toma de razón para entender saneada esta omisión no solo contradice el pronunciamiento de la Contraloría, sino que instala un precedente preocupante: que los controles estructurales del Estado puedan transformarse en requisitos negociables, adaptables al ritmo político o económico del momento.
Desde una perspectiva institucional, este caso genera una profunda perplejidad sobre cómo entendemos, como Estado y como sociedad, el principio de legalidad. Una señal inquietante que no debería pasar inadvertida.
