La Superintendencia de Educación ha extendido la aplicación de la Ley Aula Segura a los colegios particulares del país, buscando generar equidad en los procedimientos de suspensión provisional de estudiantes que hayan cometido actos graves de violencia que afecten la convivencia escolar.
Hasta ahora, esta medida solo se aplicaba en colegios públicos y subvencionados, lo que generaba desigualdad en el trato a los estudiantes. Con esta decisión, la Superintendencia busca respetar el derecho a la educación de todas las personas, independientemente del tipo de establecimiento al que asistan.
"El derecho a la educación es igual para todos, independiente de la calidad administrativa del establecimiento, sea pagado, subvencionado o público. Nuestro deber es resguardar ese derecho en todos los casos", afirmó la superintendenta de Educación, Loreto Orellana.
Hasta ahora, los colegios particulares podían suspender de manera provisional a un estudiante mientras paralelamente realizaban la cancelación de la matrícula o se tramitaba la expulsión. Con la nueva medida, deberán aplicar la Ley Aula Segura, lo que aumentará la capacidad de los directores para sancionar casos de violencia escolar.
"Esta medida se aplica a los colegios particulares para unificar criterios, evitar tratos desiguales y fortalecer las facultades de los directores, permitiendo sanciones rápidas y efectivas dentro de un marco legal común", explicó el diputado Arturo Barrios (PS).
Desde la Superintendencia también se señaló que esta extensión de Aula Segura busca desmitificar que los hechos de violencia solo ocurren en los colegios públicos, ya que es un problema que afecta a todos los establecimientos por igual.
Los colegios particulares tendrán un plazo máximo de 90 días desde la publicación del dictamen para incorporar la Ley Aula Segura en sus reglamentos internos, lo que marcará un hito en la búsqueda de equidad en el sistema educacional chileno.
