La figura del abogado del niño, una herramienta clave para que los más jóvenes tengan voz en los procesos judiciales que los afectan, cumple 20 años de vigencia en Argentina. Este cambio de paradigma, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos, ha sido fundamental para garantizar sus intereses y voluntad en el sistema judicial.
La Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sancionada en 2005, estableció formalmente la figura del abogado del niño. Este/a profesional del derecho tiene la función exclusiva de representar los intereses y la voluntad del menor, incluso cuando esto no coincide con la postura de los adultos responsables.
Antes de esta ley, el sistema judicial consideraba al "menor" como un objeto de tutela, dejando de lado su condición de sujeto de derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución argentina en 1994, marcó el camino hacia este cambio de paradigma que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como titulares plenos de derechos.
En la práctica, el abogado del niño debe escucharlo, asesorarlo y llevar su posición al expediente en aquellos procesos judiciales que los afectan, especialmente en conflictos familiares, situaciones de violencia, medidas de abrigo o decisiones que impactan en su vida cotidiana.
De esta manera, se busca garantizar que la voz de los más jóvenes sea escuchada y considerada, en lugar de depender únicamente de lo que expresen los adultos que los representan. Un avance fundamental para la protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia en Argentina.
