El año 2025 cerró con la seguridad como uno de los principales puntos de preocupación en Guatemala. La violencia, los problemas en el sistema penitenciario y los cambios en el Ministerio de Gobernación colocaron el tema en el centro del debate público y político.
La situación de inseguridad en el país se ha agravado en los últimos años, con un aumento de los índices de criminalidad y violencia que han afectado a la población guatemalteca. Según datos oficiales, los homicidios se incrementaron un 15% en 2025 en comparación con el año anterior, mientras que los delitos como extorsión, secuestro y asaltos también registraron alzas significativas.
Uno de los principales focos de preocupación ha sido el sistema penitenciario, que enfrenta graves problemas de hacinamiento, falta de personal capacitado y deficientes condiciones de vida para los reclusos. Esto ha derivado en motines, fugas y la proliferación de actividades delictivas al interior de las cárceles, lo que a su vez ha impactado negativamente en la seguridad de las comunidades.
Ante esta situación, el Gobierno guatemalteco ha implementado una serie de medidas, entre ellas cambios en el liderazgo del Ministerio de Gobernación, responsable de la seguridad pública. Sin embargo, los expertos y la sociedad civil han cuestionado la efectividad de estas acciones, argumentando que se trata más de reacciones coyunturales que de una estrategia integral y a largo plazo para abordar las raíces del problema.
"Lo que hemos visto es una sucesión de medidas reactivas que no logran resolver los problemas de fondo", afirmó Juana Rodríguez, directora de una organización de derechos humanos. "Necesitamos un plan de seguridad que aborde temas como la corrupción, la impunidad y las desigualdades sociales, que son factores clave detrás de la violencia".
Desde la oposición política también se ha criticado la falta de una visión clara y de un liderazgo efectivo en materia de seguridad. "El Gobierno parece estar más preocupado por mantener el control político que por implementar soluciones reales", señaló el diputado Carlos Gómez.
A medida que el 2026 se acerca, la presión sobre las autoridades para encontrar respuestas a la crisis de seguridad en Guatemala seguirá aumentando. La población espera que el próximo año traiga consigo cambios significativos y un enfoque más integral y sostenible para abordar este desafío fundamental para el desarrollo y la estabilidad del país.
