El Gobierno de Guatemala deberá operar con el presupuesto del 2025 después de que la Corte de Constitucionalidad otorgara un amparo provisional que frenó la entrada en vigor del presupuesto del 2026 por Q163 mil millones, aprobado por el Congreso a finales de noviembre.
Según lo establece la ley, el Ejecutivo deberá ajustarse al gasto público aprobado para el 2025, cuyo monto ascendía a Q154 mil 836.6 millones. Esto se debe a que el presupuesto del 2026 no ha sido declarado inconstitucional, sino que se otorgó un amparo que suspende temporalmente el decreto, antes de que entre en vigencia.
El director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Barrientos, explicó que el Gobierno deberá iniciar el ejercicio fiscal del 2026 con el presupuesto aprobado en el Decreto 36-2024, incluyendo las modificaciones aprobadas durante el 2025, cuyo monto ascendía a Q154 mil 836.6 millones.
Esto se debe a que el Congreso dejó autorizadas ampliaciones presupuestarias para el 2025, por lo que el monto aumentó. Sin embargo, la cifra que determine el Ministerio de Finanzas dependerá de cómo se interpreten esas preautorizaciones.
Barrientos señaló que debería entrar en vigor el presupuesto vigente, aunque reconoció que esto genera confusión, y que el Icefi no recomienda mantener la práctica de ampliaciones preautorizadas.
Además, deberá analizarse cómo se aplicarían los Q7 mil millones del artículo 129 del decreto del presupuesto del 2025, que modificó, dentro del mismo decreto, el monto original asignado a cada entidad en el artículo 6, lo que generó una antinomia.
El Gobierno informó que, ante la suspensión temporal, se aplicará el presupuesto anterior. Sin embargo, enfatizó que, en enero, se trasladará al Congreso de la República una iniciativa de ley que modifique el presupuesto para adecuarlo a los desafíos económicos, sociales e institucionales del 2026.
