La demolición del Monumento a la Amistad Chino-Panameña, ubicado en un sitio de inmenso valor simbólico el Mirador del Puente de las Américas, sobre el Canal de Panamá , ejecutada por la administración de la alcaldesa Stefany Peñalba el pasado 27 de diciembre de 2025, no es un simple incidente erróneo de gestión urbana; es una bofetada a la historia, un atropello al debido proceso y una violación flagrante de compromisos internacionales.
La acción de la alcaldesa Peñalba ha generado una fuerte indignación en la sociedad panameña, al considerar que se trata de un acto de discriminación y falta de respeto a la comunidad china, que ha sido parte integral de la identidad nacional por más de 170 años. Según el autor del artículo, un abogado y docente universitario, la demolición del monumento "es una bofetada a la historia" y "un atropello al debido proceso", además de una "violación flagrante de compromisos internacionales".
El texto señala que el monumento no fue erigido para "extranjeros" ni para la complacencia de otros Estados, sino para salvaguardar en la memoria colectiva la llegada y el aporte invaluable de la comunidad china que emigró a Panamá hace más de siglo y medio. Por lo tanto, su destrucción genera un "doloroso sentimiento de discriminación" y envía un "mensaje de exclusión a miles de ciudadanos panameños de ascendencia china".
Además, la demolición del monumento viola la Constitución Política de Panamá, que establece el deber del Estado de proteger la honra de los nacionales y el patrimonio histórico como un "tesoro cultural del pueblo bajo custodia estatal". Asimismo, incumple con compromisos internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías, que obliga a los Estados a salvaguardar la identidad nacional, étnica y cultural de sus grupos.
En el plano administrativo, la ejecución de la demolición constituyó una violación grave al debido proceso, ya que, según la Ley 38 de 2000, un acto de esta magnitud requería transparencia, notificaciones y el derecho a la consulta ciudadana, lo cual no ocurrió. Incluso, se ignoró la oferta de la comunidad china para rehabilitar el monumento con fondos privados.
Finalmente, el autor señala que esta cadena de irregularidades puede derivar en responsabilidad penal, ya que el Código Penal tipifica los delitos contra el Patrimonio Histórico y el abuso de autoridad.
El artículo concluye que la cultura y la historia de los panameños descendientes de chinos "no se borran con una retroexcavadora" y que corresponde a las autoridades competentes actuar con firmeza y prontitud para determinar las responsabilidades de este acto, que ha dejado "una mancha de intolerancia y autoritarismo en la administración pública municipal de Arraiján".
.jpg.webp?itok=lHew8i1U)
