Tras 12 audiencias, finalizó la formalización de la "Operación Apocalipsis", un caso que involucra a 70 personas 47 gendarmes y 23 civiles y que dejó al descubierto una red de corrupción al interior de los centros penitenciarios chilenos.
El 12 Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para 62 de los imputados, incluidos 42 exgendarmes. El juez de garantía, Francisco Ramos, detalló que se trata de "corrupción institucional, sistémica, articulada a través de asociaciones criminales que durante años transformaron el sistema penitenciario en un mercado ilícito paralelo".
La investigación reveló que los acusados facilitaban el ingreso de artículos prohibidos como celulares, drogas, alimentos y bebidas alcohólicas a las cárceles, a cambio de grandes sumas de dinero. Entre los cargos que enfrentan se encuentran asociación ilícita, soborno, cohecho y lavado de activos, delitos que habrían generado ganancias por más de 6.300 millones de pesos.
Las pruebas recopiladas incluyen miles de horas de conversaciones telefónicas, cerca de 9 mil transacciones comerciales y registros audiovisuales que muestran el ingreso de encomiendas a las prisiones. Incluso se detectaron denuncias cruzadas entre las propias bandas, que competían por la venta de los artículos ingresados.
Según el tribunal, algunos de los imputados "permitieron que los internos, a quienes les correspondía trasladar entre los distintos sectores de Santiago 1, lo hicieran portando elementos ilícitos, solicitando, por ello, sumas de dinero (...) repartido en partes iguales. Además, participaban en el ingreso de elementos prohibidos".
La "Operación Apocalipsis" es un duro golpe a la corrupción que ha afectado durante años al sistema penitenciario chileno, y pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las cárceles del país.
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