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Panamá ha adoptado un modelo impulsado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para la gestión de delitos menores relacionados con el consumo de drogas. Este nuevo enfoque permite sustituir la pena de cárcel por tratamientos contra la adicción, según un acuerdo judicial publicado en la gaceta oficial.
El Acuerdo Número 881 del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) adopta el Modelo de Gestión del Programa Judicial de Tratamiento de Drogas (PJTD) en Panamá, con una planeación estratégica para su expansión en 2025 e iniciativas para su institucionalización a nivel nacional.
La decisión se sustenta en los resultados positivos del plan piloto aplicado desde 2014 en Penonomé, el cual demostró impactos favorables en la rehabilitación de los participantes y confirmó que el modelo funciona como una alternativa judicial al encarcelamiento.
Este programa se diseñó para ofrecer una salida judicial distinta a personas imputadas por delitos vinculados al consumo de sustancias ilícitas, priorizando el tratamiento supervisado en lugar de la prisión. La idea es reducir la reincidencia, apoyar la rehabilitación y reintegración social, así como descongestionar el sistema judicial panameño.
En 2023, se creó una mesa técnica interinstitucional que elaboró el documento base para fortalecer el programa y facilitar su expansión gradual en todo el país. De esta manera, Panamá se suma a los esfuerzos de la CICAD de la OEA por implementar enfoques más efectivos y humanos en el abordaje de los delitos relacionados con el consumo de drogas.
La adopción de este modelo representa un importante paso en la reforma del sistema de justicia penal panameño, alejándose del enfoque punitivo tradicional y apostando por un abordaje más rehabilitador y orientado a la salud pública. Expertos esperan que esta iniciativa contribuya a mejorar los resultados en términos de reinserción social y reducción de la reincidencia, al tiempo que descongestiona el sistema carcelario.
