La Paz, Bolivia. La Justicia de Bolivia liberó este martes al excandidato presidencial y exministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, quien había sido detenido "por obstrucción a la Policía" cuando intentaba viajar a Chile. Sin embargo, durante el día se presentaron al menos tres nuevas denuncias en su contra por delitos como secuestro, inacción y tortura que supuestamente cometió cuando era ministro.
La jueza Rosario de Carmen Eg ez atendió el caso en primera instancia y decidió dejar en libertad a Del Castillo. Aunque esta determinación no fue ejecutada de inmediato, el juez Carlos Alberto Moreira ratificó el fallo y ordenó que se cese la persecución contra el exministro, argumentando que la Fiscalía no presentó imputación por "falta de indicios" y que hubo "más dudas que certezas" en la acción policial.
Sin embargo, durante el día se presentaron al menos tres nuevas denuncias en contra de Del Castillo. Una de ellas fue interpuesta por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien lo acusó de privación de libertad, desaparición forzada y otros delitos. Camacho fue detenido en diciembre de 2022 acusado de terrorismo, cohecho y seducción de tropas por liderar protestas que denunciaban un fraude electoral a favor del expresidente Evo Morales en 2019, cuando Del Castillo era ministro de Gobierno.
Además, el padre de un policía asesinado en una intervención antidrogas y la familia de un exdirector de un fondo de proyectos para comunidades indígenas que denunció corrupción también presentaron denuncias contra Del Castillo.
El exministro aseguró que se siente "feliz" por el fallo judicial que le otorgó la libertad y que tratará de reprogramar su viaje a Chile, donde tiene prevista una cita médica para una de sus hijas. Sin embargo, afirmó que se presentará a todas las acciones judiciales que se presenten en su contra "las veces que sean necesarias".
La gestión ministerial de Del Castillo fue muy criticada por la entonces oposición, que le cuestionó por la actuación de la Policía para reprimir protestas contrarias al Gobierno de Luis Arce y por la forma en que se detuvieron líderes opositores durante la crisis de 2019, que para el Movimiento al Socialismo (MAS) fue un "golpe de Estado" contra Morales.

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