La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, reiteró la postura del presidente Daniel Noboa sobre la recomendación de que el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, renuncie a su cargo, pero condicionó ese eventual paso al costado para después de su comparecencia en la Asamblea Nacional.
Morillo negó que exista un acuerdo entre el Gobierno y Godoy, y aseguró que el llamado a comparecer ante el Legislativo fue hecho por el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, quien pertenece a la bancada oficialista. La funcionaria recalcó que el Ejecutivo no protege "mafias ni pacta con la impunidad".
El escándalo judicial se desató tras las denuncias sobre presiones que habrían realizado funcionarios del CJ al juez anticorrupción Carlos Serrano para que fallara a favor del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. Ante esto, la oposición y la opinión pública han solicitado que se inicie un juicio político contra Godoy.
Sin embargo, el Gobierno ha condicionado la eventual renuncia de Godoy a su comparecencia en la Asamblea, donde deberá "presentar su información" y "defenderse como en cualquier Estado de derecho se lo debe hacer", según indicó Morillo.
Por su parte, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, señaló que la investigación contra el CJ es de carácter reservado. Mientras tanto, el bloque oficialista ha expresado que, de ser el caso, Godoy debería presentar su renuncia una vez finalizada su comparecencia en el Legislativo.
La legisladora del bloque correísta Viviana Veloz ya presentó la solicitud de juicio político contra Godoy y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) por el presunto incumplimiento de funciones frente a las denuncias de presiones a los jueces.
El caso ha generado una crisis institucional en el país, con el Gobierno intentando manejar la situación a través de la comparecencia de Godoy en la Asamblea, mientras la oposición y la opinión pública exigen acciones más contundentes contra el presidente del CJ.
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