Informe revela abusos de la fuerza pública durante protestas por reforma de seguridad social

Según un informe presentado por la Comisión de Derechos Humanos de Panamá (Copodehupa), durante las protestas en junio de 2025 contra una reforma a la ley de seguridad social, las fuerzas de seguridad cometieron graves abusos y violaciones a los derechos humanos.

El extenso documento de 61 páginas detalla una cronología de los hechos ocurridos entre el 14 y 30 de junio de 2025, en los que más de 1.300 efectivos entre policías, fuerzas fronterizas y unidades aeronavales tomaron por la fuerza la provincia occidental de Panamá.

Tras dos meses de paros y cortes de vías, el Gobierno de José Raúl Mulino decretó el estado de urgencia, suspendiendo garantías constitucionales y el corte de comunicaciones, medidas que fueron calificadas como anticonstitucionales por los denunciantes.

Dentro del informe se establecen al menos 58 tipos de abusos, entre los que se identifican tratos crueles e inhumanos, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura, falta de acceso a la justicia, traslado de detenidos sin registros y violación del debido proceso.

Según el presidente de Copodehupa, Jorge Guzmán, se entrevistó a 108 personas de los más de 300 detenidos durante el operativo, la mayoría de ellos en sus propias casas, donde el único sustento de las acusaciones fueron testimonios de miembros de la policía.

El informe coincide con lo planteado en junio de 2025 por la Defensoría del Pueblo, que también denunció graves indicios de violaciones a los derechos humanos cometidos por la fuerza pública.

Tras la investigación, Guzmán señaló que el argumento del Gobierno de que existían numerosas pandillas en Changuinola y que estas se encontraban detrás de las manifestaciones, no pudo ser corroborado con la evidencia recogida.

El estudio también menciona la desprotección laboral, con el despido masivo de más de cinco mil trabajadores bananeros de la trasnacional Chiquita, quienes se declararon en huelga contra la llamada Ley 462, cuestionada por afectar sus pensiones y derechos adquiridos.

Finalmente, Copodehupa confirmó que presentarán los hallazgos a la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU y ante la Fiscalía, para exigir una investigación independiente y transparente sobre estos hechos.