A lo largo de su trayectoria política y diplomática, la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, ha sostenido que la paz no puede reducirse a la ausencia de guerra o de violencia directa, sino que exige enfrentar de manera estructural los factores que la amenazan, como la discriminación, la desigualdad y la pobreza. Esta concepción resulta especialmente pertinente al cierre de 2025, un año que deja lecciones profundas sobre las brechas aún pendientes en la garantía de derechos en la República Dominicana.
Precisamente, estas deben proyectarse de manera prioritaria en la agenda de 2026, orientando la formulación de políticas públicas que sean capaces de transformar las condiciones que limitan el goce efectivo de los derechos, desde un enfoque de dignidad humana, igualdad y no discriminación.
El Informe Nacional de Derechos Humanos 2025 del Defensor del Pueblo de la República Dominicana y el Global Gender Gap Report 2025 del Foro Económico Mundial, revelan importantes avances, pero también desafíos pendientes en áreas clave como el derecho a la salud, la seguridad ciudadana, el ambiente y la igualdad de género.
Derecho a la salud: del acceso formal a la garantía efectiva
En 2025, el derecho a la salud volvió a ubicarse entre los más reclamados por la ciudadanía ante el Defensor del Pueblo, reflejando deficiencias en acceso oportuno, calidad del servicio y cobertura especializada. Para 2026, la prioridad debe centrarse en superar una visión meramente administrativa del sistema sanitario y avanzar hacia una garantía integral del derecho, que incorpore prioritariamente enfoques preventivos, territoriales y de equidad con especial atención en personas adultas mayores, las que viven con discapacidad y comunidades o grupos de población en situación de vulnerabilidad.
La seguridad como derecho y como deber del Estado
La entrada en vigor del nuevo Código Penal constituyó un hito normativo relevante al actualizar el marco jurídico de la política criminal del Estado. Sin embargo, su correcta implementación exige no solo voluntad institucional, sino también una formación sólida y permanente de las y los operadores del sistema de justicia, orientada a la comprensión integral del nuevo régimen penal desde los estándares constitucionales y de derechos humanos.
Ambiente y justicia climática
La experiencia acumulada en 2025, marcada por los compromisos internacionales y la preparación para escenarios como la 30. Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), confirmó que la agenda ambiental no puede desvincularse de los derechos humanos. De cara a 2026, el reto consiste en traducir esos compromisos climáticos en políticas públicas concretas que garanticen el derecho a un medio ambiente sano, priorizando la protección de las comunidades más expuestas a los riesgos climáticos.
Género: avanzar hacia la igualdad sustantiva
Según el Global Gender Gap Report 2025, la República Dominicana avanzó 21 puestos, reflejando progresos en áreas clave vinculadas a la participación económica, el acceso a oportunidades y el fortalecimiento institucional en materia de igualdad. Sin embargo, la mejora en los indicadores no agota los desafíos aún pendientes. Resulta imprescindible consolidar un enfoque de igualdad sustantiva que permita traducir este progreso en transformaciones reales y sostenibles en la vida de todas las mujeres y niñas del país.
La agenda de derechos humanos para 2026 exige coherencia entre discurso y acción pública. Salud, seguridad ciudadana, ambiente y género no son temas aislados, sino dimensiones interdependientes del derecho a vivir con dignidad. El desafío del Estado dominicano será fortalecer la institucionalidad, promover políticas basadas en evidencia y asegurar que cada decisión pública coloque a la persona, en toda su diversidad, en el centro de la acción estatal.
