Las solicitudes de revocatoria de mandato presentadas contra el alcalde de Barú y la representante de Arraiján en Panamá no lograron reunir el número mínimo de firmas de apoyo requeridas por ley, según informó la Dirección Regional del Tribunal Electoral de Chiriquí.
En el caso de la revocatoria contra el alcalde de Barú, Franklin Enrique Valdés Pitty, la ciudadana Ana Cecilia González Sánchez logró recolectar 964 firmas (6.46%) de las 14,914 que se necesitaban para avanzar con el proceso. Por su parte, la solicitud de revocatoria contra la representante de Arraiján, Raquel Del Carmen Murillo Godoy, impulsada por Katerine Lisseth Torres González, obtuvo 215 firmas (1.99%) de las 10,822 requeridas.
Ambos procesos de revocatoria de mandato se llevaron a cabo entre el 20 de septiembre y el 28 de diciembre de 2025, de acuerdo con los plazos establecidos por la ley panameña. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se logró reunir el porcentaje mínimo de firmas de respaldo ciudadano necesario para continuar con los trámites.
Ahora, tanto la ciudadana González Sánchez como la ciudadana Torres González tienen un plazo de cinco días hábiles para impugnar ante el Tribunal Electoral el número de firmas reconocidas en sus respectivas solicitudes de revocatoria. De no prosperar las impugnaciones, los procesos quedarían cerrados sin lograr los objetivos planteados.
La revocatoria de mandato es un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la legislación panameña, que permite a los electores solicitar la destitución de autoridades elegidas popularmente, como alcaldes y representantes, antes de que finalice su periodo de gobierno. Sin embargo, los altos umbrales de firmas requeridos han dificultado que prosperen este tipo de iniciativas en el país.
Estos resultados reflejan los desafíos que enfrentan los ciudadanos panameños a la hora de activar procesos de revocatoria de mandato, lo que plantea la necesidad de evaluar posibles ajustes en la normativa para facilitar el ejercicio de este derecho democrático.
