El Gobierno de Gustavo Petro en Colombia ha anunciado un incremento histórico del salario mínimo para 2026, fijándolo en $2.000.000 mensuales, lo que representa un aumento superior al 23% respecto a 2025 y duplica la cifra de 2022. Esta decisión, presentada como el inicio de "la era del salario vital para Colombia", ha situado la política salarial del presidente en el centro del debate nacional.
Mientras el Ejecutivo destaca el ajuste como un cambio relevante para los trabajadores, la oposición, encabezada por la senadora María Fernanda Cabal, ha expresado una crítica frontal al comparar la medida con las políticas implementadas en Venezuela bajo el mando de Hugo Chávez. Cabal afirmó que "Chávez anunciaba aumentos de salario mínimo mientras destruía la economía" y advirtió que Petro "va por el mismo camino, populismo disfrazado de justicia social que solo genera inflación, desempleo y pobreza".
El nuevo monto, que incluye el auxilio de transporte, impactará directamente a 2.4 millones de empleados, bajo el concepto de salario mínimo vital de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Petro subrayó que el incremento representa un aumento real del 18.7%, "una cifra que supera los resultados obtenidos durante los tres primeros años de su administración".
El mandatario defendió que esta política fomenta el consumo interno, "medidas que van directamente a reducir la pobreza y yo creo que aumentan empleo porque aumenta la demanda y los empresarios van a vender más". Sin embargo, frente a las críticas que anticipan un fuerte impacto en la generación de empleo y alertan sobre el aumento de los costos empresariales, Petro recordó que Colombia registra "la tasa de desempleo más baja en lo que va del siglo y las tasas de pobreza más reducidas", y pronosticó una caída mayor en 2026.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que la medida garantiza mejores condiciones para los trabajadores y constituye "un paso firme por la dignidad laboral y el bienestar de las familias". No obstante, la oposición mantiene sus reservas, advirtiendo sobre posibles riesgos económicos similares a los experimentados en Venezuela.
La decisión del Gobierno de Petro representa un cambio relevante en la política laboral colombiana, reafirmando los principios constitucionales y la intención del Estado de garantizar mejores condiciones para millones de trabajadores. Sin embargo, el debate sobre los posibles impactos económicos y sociales de esta medida continuará en los próximos meses.
