La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento de urgencia alertando sobre la grave situación institucional que atraviesa Petroperú. La entidad calificó el escenario actual como una crisis "implosionada por exfuncionarios" y advirtió que la propagación de mensajes que generen "pánico financiero" solo servirá para deteriorar aún más la posición de la compañía estatal frente a sus acreedores y el mercado.
En su comunicado, la Defensoría hizo un llamado a abordar la problemática con una "visión de Estado", priorizando tres ejes fundamentales: la protección de la ciudadanía, la estabilidad del mercado interno y la garantía del abastecimiento energético en todo el territorio nacional. "La Defensoría del Pueblo permanecerá vigilante", enfatizó, y advirtió sobre el riesgo de que decisiones precipitadas vulneren la seguridad energética del país.
La advertencia de la Defensoría ocurre en medio del debate sobre el futuro de Petroperú. Mientras la Defensoría pide prudencia, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, mencionó que la empresa estatal "está en quiebra desde hace mucho tiempo" y exigió al Ejecutivo una "solución radical", oponiéndose a que se destinen más fondos públicos para su rescate.
Por su parte, el Gobierno ha delineado una hoja de ruta distinta. La ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles, anunció la preparación de un decreto de urgencia para una "reestructuración integral" de Petroperú, pero cerró la puerta a nuevas inyecciones de capital a fondo perdido.
La crisis de Petroperú se enmarca en un contexto político complejo, con un mapa político transformado y el Perú encaminado a unas elecciones complejas en 2026 con 39 agrupaciones en carrera y el regreso del Senado. Entender quiénes buscan el poder será decisivo para el rumbo del país en los próximos años.
