Un estruendo atronador y una columna de humo que se elevaba del mar fueron los primeros indicios de un ataque aéreo estadounidense contra una embarcación en aguas de la península de La Guajira, en Colombia. Semanas después, los restos de la lancha calcinada y dos cuerpos destrozados fueron encontrados por pescadores locales, en lo que parece ser la primera evidencia física de la campaña de la administración Trump contra lo que llama "narcoterroristas" en el Caribe y el Pacífico oriental.
El análisis del video grabado por la testigo Erika Palacio Fernández y del material compartido por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, indica que el ataque tuvo lugar el 6 de noviembre en el Golfo de Venezuela, donde Colombia y Venezuela disputan su frontera marítima. Según el reporte del The New York Times, el ataque causó la muerte de dos personas y destruyó una embarcación típica de las lanchas rápidas utilizadas en el contrabando.
La campaña militar estadounidense, que ha destruido 30 buques y causado más de 100 muertes en la región, ha sido cuestionada por expertos legales, quienes afirman que los ataques son ilegales al tratarse de civiles, incluso si se cree que han cometido delitos, a menos que representen una amenaza inmediata.
La península de La Guajira, una zona remota y de difícil acceso, ha sido durante mucho tiempo una plataforma de lanzamiento para el contrabando de diversos productos, incluyendo drogas ilícitas. Sin embargo, la mayoría de los habitantes de la región se dedican a la pesca y la ganadería, y no están vinculados al narcotráfico.
Los restos de la lancha y los cuerpos de las víctimas fueron encontrados por pescadores locales, quienes los enterraron siguiendo la tradición wayuu. Hasta el momento, las autoridades colombianas no han realizado las autopsias correspondientes ni han brindado más información sobre el incidente.
Este hecho pone de manifiesto la lejanía de la península de La Guajira y la falta de una presencia significativa del Estado colombiano en la zona, lo que ha permitido que diversas actividades ilegales, como el contrabando, se desarrollen con relativa impunidad. Asimismo, evidencia la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las fuerzas armadas estadounidenses en sus operaciones en la región.
