La Jefatura de la Policía de la Provincia desató una investigación interna que destapó un grave caso de corrupción en la División de Ciberseguridad. Según las pesquisas, el subcomisario Ezequiel Guzmán y el oficial Nahuel Flekenstein Díaz estarían involucrados en la venta ilegal de más de 30 teléfonos móviles de alta gama que habían sido secuestrados durante operativos.
La investigación se inició tras los constantes reclamos de damnificados que denunciaban que sus dispositivos móviles recuperados por la fuerza policial no les eran devueltos. Luego, declaraciones de efectivos de la propia dependencia revelaron que los teléfonos "desaparecían" y que los sindicados les pedían a sus subalternos que no informaran a los fiscales sobre los operativos con secuestros.
Bajo órdenes de la Dirección de Asuntos Judiciales y Asesoría General, se descubrió que no se cumplía con la cadena de custodia reglamentaria y que no había actas de sumario sobre todos esos aparatos. Además, se determinó que Guzmán y Flekenstein manipulaban los procedimientos judiciales y los elementos secuestrados para apropiarse ilegítimamente de los dispositivos móviles.
La investigación reveló que la esposa del subcomisario Guzmán, Lucía Coronel, era la encargada de realizar la venta de los teléfonos a través de Facebook Marketplace, utilizando un número de teléfono a su nombre. Incluso, se descubrió que ella usaba para su uso personal un teléfono denunciado como robado.
Ante las graves irregularidades, Guzmán, Flekenstein y el jefe de la dependencia fueron puestos en disponibilidad preventiva. Ayer, los dos primeros presentaron recursos de eximición de prisión, que serán analizados por la Justicia en los próximos días.
Además, la investigación reveló que el subcomisario Guzmán recibía en su oficina a personas ajenas a la dependencia, a quienes les brindaba información confidencial obtenida a través de bases de datos de acceso restringido.
Este escandaloso caso de corrupción policial pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia dentro de las fuerzas de seguridad, a fin de evitar que se repitan hechos delictivos que socavan la confianza de la ciudadanía.
