El Gobierno colombiano ha decretado el mayor aumento nominal del salario mínimo en más de dos décadas, fijando para 2026 un ingreso base mensual de $1.750.905 pesos, acompañado de un auxilio de transporte de $249.095 pesos, lo que eleva el ingreso total mínimo legal a $2.000.000 de pesos a partir del 1 de enero de ese año.
Esta decisión, adoptada tras no lograrse un acuerdo en la mesa de concertación laboral, representa un incremento del 23% respecto a 2025, un ajuste que supera los aumentos registrados desde la promulgación de la Constitución de 1991.
El salario mínimo en Colombia ha experimentado tres etapas marcadas en los últimos cuarenta años. Durante los años ochenta y principios de los noventa, el país enfrentó contextos de alta inflación, con aumentos anuales del salario mínimo que frecuentemente superaron el 20%. A partir de finales de los noventa y, con mayor claridad desde el año 2000, la economía colombiana entró en una fase de mayor estabilidad de precios, lo que condujo a incrementos salariales más moderados, en rangos del 3% al 8% por año.
Durante el gobierno de Iván Duque Márquez (2018-2022), los incrementos adquirieron una mayor visibilidad social, con el hito simbólico de establecer el salario mínimo en $1.000.000 de pesos en 2022. La gestión de Gustavo Petro ha estado marcada por aumentos catalogados como históricos, con el salario mínimo pasando de $1.160.000 en 2023 a $1.423.500 en 2025.
El incremento de $327.405 pesos respecto al salario de 2025 marca un crecimiento del 23% en el valor base y un alza del 24,55% en el auxilio de transporte, lo que implica un aumento conjunto de $376.500 pesos (+23,19%). Este salto es superior a los ajustes de años previos y se sitúa entre los más elevados desde 1991, aunque por debajo de los aumentos de los ochenta y principios de los noventa.
Cada año, la definición del salario mínimo se da en medio de discusiones entre el Gobierno Nacional, los gremios de empresarios y las centrales obreras, quienes exponen sus posturas sobre el impacto de la inflación, la productividad y el costo de vida. En caso de no lograrse un acuerdo, como ocurrió en los últimos años, la decisión final recae en el presidente.
Los datos del DANE muestran que, hasta agosto de 2025, 22,3 millones de personas integraban la fuerza laboral del país, de las cuales el 45,7% ganaba menos de un salario mínimo y el 38,1% recibía hasta dos salarios mínimos. Estas cifras subrayan la relevancia del ajuste anual para la mayoría de la población económicamente activa.
El auxilio de transporte de $249.095 pesos para 2026 representa un aumento del 24,55% sobre el valor de 2025, permitiendo que el ingreso total supere la barrera de los dos millones de pesos mensuales. Esta política busca compensar los gastos de traslado de los trabajadores, impactando positivamente en su capacidad de gasto.
El ajuste del 23% para 2026 genera debates sobre sus posibles efectos en el empleo, el costo empresarial y la inflación futura. La decisión adoptada por el Gobierno Nacional evidencia una intención de fortalecer el ingreso real de los trabajadores, aunque conlleva desafíos en materia fiscal y de sostenibilidad para los empleadores.
